El INDH entregó este viernes 1 las primeras siete acreditaciones a víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el estallido social. De esta forma pueden postular a una pensión de gracia, instaurada en la Glosa 12 de la ley de Presupuesto 2021. Las pensiones de gracia las otorga el Presidente. Esta glosa considera a personas que por sus lesiones sufren un menoscabo permanente, completo o parcial de su capacidad de trabajo desde el 18 octubre de 2019.
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Según publicó Biobío, desde esa fecha hasta al 31 de marzo un informe de la Fiscalía Nacional contabilizó 8.510 víctimas de violencia por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden. En su gran mayoría, las y los imputados son carabineros, seguidos de funcionarios del Ejército. El director del INDH, Sergio Micco dijo que el organismo despejó el debate sobre las violaciones a los derechos Humanos cometidas desde el 18 de octubre de 2019.
“Vamos a decirle al país entero que se acabó el debate, que no es necesario que haya sentencias judiciales para que se acredite esta realidad”, dijo el director del INDH. “Aquellos que han acudido a nosotros y los estamos representando en los tribunales, queremos a decirles que vamos a continuar en la pelea, pero que con esta acreditación este debate que algunos órganos del Estado plantean, se acabó”.
Pero durante la tarde el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, mostró su discrepancia con la afirmación. “A quienes corresponde juzgar e investigar las vulneraciones a los derechos de las personas que hubieren ocurrido con posterioridad al 18 de octubre es a los tribunales de justicia. Yo en eso espero que la Fiscalía avance. Hemos formado equipos de trabajo con la Fiscalía para tener todos los medios a disposición. Carabineros y la PDI se han puesto a disposición para llevar adelante lo más prontamente esas investigaciones y llevar la verdad judicial a la ciudadanía”, dijo Galli.
