Fiscalía Nacional confirma que iniciará causa penal contra Piñera por venta de Dominga

La tarde de este viernes la directora Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, confirmó que la entidad determinó abrir una causa penal en contra del Presidente Sebastián Piñera, tras las revelaciones de los Pandora Papers.

Esto, explicó, atendido que en medio de compraventa de Dominga, se produjeron hechos que podrían revestir eventuales delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios. También se indagará la participación de Carlos Alberto Délano.

La fiscal a cargo será la titular de la Fiscalía de Valparaíso, Claudia Perivancich Hoyuelos. Misma persecutora que lo indaga por su presunta responsabilidad en las violaciones a los DD.HH. en Valparaíso, en el marco del estallido social en 2019.

La decisión, de acuerdo con lo detallado, se tomó luego de la revisión de los antecedentes por parte de dicha unidad, pues en la investigación realizada en 2017 por el fiscal Manuel Guerra, no se tuvieron todos los antecedentes que correspondían.

Específicamente, no se tuvo a la vista que el pago de la última cuota por US$ 10 millones fue condicionado a que no hubiese modificaciones en la normativa medioambiental que entorpecieran el desarrollo del proyecto.

“Un antecedente que no está incorporado en dicha investigación tiene que ver el contrato que en definitiva materializa un acuerdo previo en relación a la compraventa de la minera Dominga. El contrato en inglés suscrito en Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que podríamos decir que ese es un antecedente nuevo”, precisó Herrera.

Es así como Herrera detalló que la resolución firmada por el Fiscal Nacional sostiene que la opinión técnica-jurídica de UNAC, concluye que los hechos revelados en los Pandora Papers no están comprendidos entre los que fueron investigados y sobreseídos en Exalmar-Dominga, ya que apuntan a la venta en un paraíso fiscal de un proyecto minero vinculado a las empresas del Presidente, con una condición de pago vinculada a la institucionalidad ambiental.

“Es una investigación que debe tener un plazo bien acotado y nos vamos a preocupar que sea así”, indicó haciendo referencia a la relevancia de las personas involucradas.