La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó este miércoles que el 7 de octubre, presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión contra las tres principales empresas de transporte de valores que operan en el país y contra seis de sus principales ejecutivos, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
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Acorde a la modificación aplicada el 2016 al régimen de multas, la FNE pidió al TDLC que aplique a los requeridos sanciones a beneficio fiscal que totalizan 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a aproximadamente US$ 63,4 millones.
Las mayores multas fueron solicitadas para Brink’s Chile S.A. (Brink’s), por 39.325 UTA, correspondientes a US$ 30,5 millones, y para Juncadella Prosegur Group Andina S.A. (Prosegur), por 33.253 UTA, equivalentes a US$ 25,8 millones. Estos montos son las multas individuales más altas que haya pedido la FNE en casos de colusión.
Para Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA (Loomis), la FNE solicitó una sanción económica de 8.314 UTA, que corresponden a US$ 6,4 millones.
En el caso de los ejecutivos, el requerimiento pide sancionar a los gerentes generales de las tres empresas de transportes de valores en Chile: Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s), con 149 UTA (US$ 115 mil); Marco Malverde Muñoz (Prosegur), con 134 UTA (US$ 104 mil); y Cristián Catalán Jerez (Loomis), con 114 UTA (US$ 88 mil).
Asimismo, y pese a encontrarse radicados en el exterior, la acusación también se dirige contra los jefes regionales que tenían a su cargo Chile y otros países de Latinoamérica: Martín Matos Pardo, Director General Latam Sur de Prosegur, para quien se pidió una sanción económica de 174 UTA (US$ 135 mil) y Rui Sanches Da Silva, Cluster President Portugal y Latam de Loomis, con un monto de 122 UTA (US$ 94 mil).
La FNE también solicitó al TDLC iniciar un proceso de exhorto para notificar el requerimiento a estos dos últimos ejecutivos, que residen en Uruguay y en Portugal, así como a Marco Malverde, quien fue trasladado por Prosegur y reside en Indonesia desde julio de este año.
De acuerdo a la FNE, el inicio del acuerdo entre las empresas se remontaría, al menos, a marzo del 2017, momento en que los ejecutivos de Brinks y Prosegur ya habrían estado coordinando los precios de sus servicios de transporte de valores, atención de cajeros automáticos o ATM, tesorería, y pago de remuneraciones y/o prestaciones sociales. A este acuerdo se habría plegado Loomis en diciembre del mismo año.
