Esta jornada ONU entregó un balance respecto de las labores que ha realizado el Estado chileno en relación con la protección de los derechos humanos, a dos años de que se produjeran graves vulneraciones en el marco del “estallido social”, por parte de agentes del Estado.
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Así, el organismo indicó que si bien ha habido avances, Chile sigue al debe, sobre todo en la protección del derecho de reunión.
“Valoramos los esfuerzos del Estado para incorporar las recomendaciones que presentamos en 2019. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales”, subrayó Jan Jarab, Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur.
Entre tales obstáculos, el informe de seguimiento identifica que el derecho de reunión pacífica sigue regulado por el Decreto Supremo 1086 -que data de la época de la dictadura-, lo que en la práctica genera un sistema de autorización de reuniones pacíficas y permite dispersar reuniones no autorizadas.
“Una de las principales lecciones de octubre de 2019 es la necesidad de incrementar la protección del derecho de reunión pacífica, confiriendo a las personas mayores garantías democráticas en línea con las normas de derechos humanos”, explicó Jarab.
Labores de Carabineros y normativa
Respecto de la función policial, el informe observa una reducción del uso de escopetas antidisturbios y la actualización en curso de varios protocolos que rigen el uso de la fuerza por parte de Carabineros. Sin embargo, indican, estos protocolos aún deben ser armonizados con el derecho internacional y las normas internacionales.
Por otro lado, el documento registra el uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas, sea como munición de impacto, por su uso indiscriminado, o por el empleo de presuntos agentes químicos. También subraya casos en que funcionarios de Carabineros no prestaron asistencia a personas heridas.
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Además, el nuevo informe constata el hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas.
“Aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de las personas defensoras de derechos humanos es imprescindible y debe de ser protegida”, urgió el representante.
A nivel normativo, el informe de seguimiento identifica varios cambios problemáticos, como la denominada “Ley Antibarricadas” adoptada en 2020, o una propuesta legislativa que asigna a las Fuerzas Armadas el resguardo de la infraestructura crítica, dado que podría resultar en la militarización de la seguridad ciudadana.
Según el informe, también es preocupante el proyecto de ley que eximiría de responsabilidad penal a funcionarios que hacen uso de su arma de servicio en ciertas situaciones
Justicia
Sobre acceso a la justicia, el informe saluda los esfuerzos del Ministerio Público para fortalecer su capacidad para abordar casos de derechos humanos, pero señala que los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones.
También reconoce el rol clave de la Contraloría General para avanzar en rendición de cuentas.
A su vez, el documento considera excesivo el uso de la prisión preventiva en casos de personas imputadas por presuntos delitos en el contexto de las manifestaciones.
Si bien el informe valora el diseño e implementación de programas de apoyo a determinados grupos de víctimas, observa limitaciones que no garantizan una reparación integral para las víctimas y sus familias. Además, constata una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público que puede llevar a relativizar las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas.
“Por todos estos factores, observamos en las víctimas una sensación generalizada de desamparo”, afirmó el jefe regional.
