La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y suscribió el miércoles con el gobierno del presidente Nicolás Maduro un memorando de entendimiento en el que se comprometen a cooperar para esclarecer los hechos que dieron pie a iniciar el proceso.
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“Le garantizo que para esta (nueva) etapa que vamos a vivir, dejamos los ruidos de lado y nos empeñamos en trabajar en el cumplimiento de este acuerdo, entre las partes, para que pueda encontrarse la verdad”, dijo Maduro en una ceremonia en el palacio de presidencial de Caracas, junto al fiscal de la CPI, Karim Khan, que concluyó una visita de tres días por el país.
“Tenemos criterios diferentes sobre el paso de iniciar la investigación”, resaltó el gobernante venezolano. “Respetamos los criterios que usted ha esgrimido y nos acogemos profundamente al espíritu y a la letra de este documento histórico”.
El memorando de entendimiento fue suscrito más de dos meses después que la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, concluyó en un documento que existe una “base razonable” para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Khan, por su parte, aplaudió el “compromiso y el diálogo constructivo”.
“Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela, las divisiones políticas”, manifestó. En la Corte “no somos políticos, nos guía los principios de legalidad y el estado de derecho”.
La visita respondió a la invitación formal que hiciera Venezuela a través de la Fiscalía General. Khan estuvo previamente en Colombia.
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En el documento de Bensouda que fue desclasificado y publicado el 10 de agosto, la ahora exfiscal general de la CPI concluyó que en el país se habrían “cometido crímenes de la competencia de la Corte” al menos desde 2017. Bensouda dejó el cargo en junio después de nueve años en funciones. La Fiscalía de la CPI también concluyó entonces que “las autoridades (venezolanas) no están realmente dispuestas a investigar y / o enjuiciar esos casos”.
Las autoridades venezolanas rechazaron esos señalamientos argumentando que las afirmaciones sobre una falta de pasos concretos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos como “gratuitas e inveraces”. En el memorando de entendimiento se establece que el fiscal ha “concluido el examen preliminar de la situación” en Venezuela y “ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”.
La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Venezuela ratificó su postura de que las denuncias deben “ser investigadas en el país por las institucionales nacionales” e “impartir justicia hasta las últimas consecuencias. Destacó además que las partes siguen comprometidas a colaborar activamente entre sí y a apoyar los esfuerzos más allá del principio de complementariedad” sin prejuicio de los derechos que el estatuto de Roma confiere.
En 2018, los gobiernos de Canadá, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaron a la Fiscalía de la CPI la apertura de un proceso contra el gobierno de Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad. En septiembre de 2020, investigadores independientes dijeron en un informe elaborado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que fuerzas de seguridad venezolanas llevaron a cabo terribles torturas y asesinatos usando técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital y asfixia
