Esta jornada, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó la muerte de un comunero mapuche en la comuna de Cañete, expresando su preocupación por los incidentes ocurridos el 3 de noviembre.
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El Representante de la Oficina para América del Sur, Jan Jarab, instó a las autoridades a realizar una investigación rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz de los hechos..
“La investigación debería establecer las circunstancias de los hechos que derivaron en la muerte y las lesiones de estas personas, así como la plena identificación de los responsables”, sostuvo.
En ese sentido, la entidad recordó al Estado que el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente.
Es de especial preocupación para la Oficina, manifestaron en el mismo comunicado, el Estado de Excepción Constitucional impuesto en las provincias del Bío Bío y La Araucanía que posibilita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En este contexto, Jarab resaltó que “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones.” El Representante añadió que en aquellas situaciones que excepcionalmente y de forma temporal se requiera la colaboración de las fuerzas armadas en el control del orden público, los militares deberán apoyar a la autoridad civil y estar subordinados a esta, cumplir con las leyes y estándares internacionales sobre uso de la fuerza aplicables a policías y deben rendir cuentas si fuese necesario.
Preocupa igualmente a la Oficina que las autoridades justifiquen el uso de la fuerza para establecer el “orden público” sin considerar a las víctimas, así como las continuas referencias a “actos terroristas” y los intentos de criminalizar a las personas lesionadas como resultado de este empleo de la fuerza. Jarab recordó que “aún cuando el uso de la fuerza sea legítimo para reestablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación”.
