Después casi quince horas, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, terminó su discurso de defensa a la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.
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El legislador realizó una acción inédita para asegurar los 78 votos a favor del libelo. Comenzó a hablar a las 10:25 horas del lunes 8 de noviembre y terminó a las 1:27 horas del día siguiente.
Naranjo leyó un texto de manera prácticamente ininterrumpida salvo dos descansos, uno de 15 minutos a las 16:00 horas y otro de 20 minutos a las 21:49 horas.
“Nunca antes en la historia de este país, un Presidente de la República en el ejercicio de su cargo había sido acusado por dos cosas tan graves, como haber violado los derechos humanos y haber comprometido el honor de la nación. Por eso yo espero que esta sala apruebe la acusación constitucional. Si no, el país juzgará a aquellos parlamentarios que votaron en contra. Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a quienes permitieron esta impunidad en el país. He dicho señor presidente”, fue el término del discurso del militante PS, quien fue aplaudido y abrazado por sus pares de oposición.
Naranjo le puso fin a su discurso tras asegurar la presencia de Giorgio Jackson. El diputado de Revolución Democrática debía cumplir cuarentena por ser contacto estrecho del candidato presidencial Gabriel Boric, por lo que no podía asistir al Congreso hasta las 00:00 horas de hoy martes.
El legislador PS puso en práctica algo conocido como filibusterismo, una técnica que tiene como objetivo retrasar la votación de un acto legislativo gracias a un discurso de larga duración. El pasado 4 de noviembre, el socialista ya adelantaba que aplicaría la “Ley Lázaro: hasta que los diputados puedan caminar”.
Tras el término de la intervención, comenzó el diálogo del abogado del Presidente Piñera, Jorge Gálvez. Según indicó el diputado Miguel Crispi (RD) en redes sociales, el jurista planearía hablar hasta las 10:00 horas.
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De esta forma sigue una sesión tensa, marcada por los gritos de “payaso” o tramposo” desde el oficialismo y por la coordinación en la oposición para mantener a Naranjo leyendo el discurso, con el diputado Juan Luis Castro (PS) realizándole chequeos de salud.
Además, cerca de las 17:00 horas se desató la preocupación en las bancadas opositoras al darse a conocer que el diputado Jorge Sabag (DC) había enviado una fotografía a la falange exhibiendo que se fue a tomar un examen PCR en Chillán debido a que se sentía mal de salud, por lo que podía no llegar a la sesión antes de la votación.
Sin embargo, Sabag si llegó al Congreso cerca de las 00:00 horas en una controversial escena. El diputado y jefe de su bancada, Gabriel Ascencio, debió hacer una maniobra distractoria en las afueras del Congreso para que su par no fuese fiscalizado por la Seremi de Salud regional.
Ahora queda ver si efectivamente están los 78 votos necesarios de la oposición para aprobar la acusación. En caso de recibir luz verde, el libelo pasará al Senado tras la designación de una comisión de tres diputados que lo defenderá.
Tras la notificación a la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón, se establecerá un plazo de entre cuatro y seis días para fijar la votación. La acusación requiere de dos tercios de los senadores en ejercicio para recibir luz verde. De ser así, Sebastián Piñera quedará destituido de su cargo y no podría ejercer ninguna función pública en cinco años.
De todas formas, Naranjo marcó un récord nacional al superar la marca que ostentaba el exdiputado UDI, Jorge Ulloa. En 1993, el gremialista realizó una intervención de seis horas para permitir la llegada de Pablo Longueira a la votación de una acusación constitucional en contra de tres ministros de la Corte Suprema y un Auditor General del Ejército.
Recordemos que el libelo contra Piñera surgió tras conocerse los nuevos antecedentes que salieron a la luz en el reportaje “Pandora Papers”, que detalla la compraventa del proyecto minero-portuario Dominga que la familia Piñera-Morel hizo con Carlos Alberto Délano en 2010 a través de un paraíso fiscal.
De acuerdo a la filtración, en la transacción había una clausula que señala que el pago de la tercera cuota estaría condicionado a que el sector donde se va a construir la instalación no se declare zona de exclusión, lo que constituiría un conflicto de interés.
Pese a que la causa se investigó en 2017 y terminó con el sobreseimiento del Mandatario, la Fiscalía Nacional decidió abrir una nueva investigación por eventuales delitos tributarios, ya que la anterior pesquisa se habría hecho en base a un preacuerdo y no al contrato original. Según trascendió, la polémica clausula no fue considerada en la primera indagatoria.
