Tras sesiones que estuvieron cargadas de recriminaciones, tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron la solicitud del Gobierno a fin de extender el estado de excepción que rige en cuatro provincias de la Macrozona Sur: Biobío, Arauco, Malleco y Cautín.

La medida, que vencía mañana jueves, ahora se prolongará por 15 días más, principalmente gracias al apoyo de algunos DC que se sumaron a Chile Podemos Más, lo que fue celebrado por el Ejecutivo.

“Queremos agradecer el apoyo que el Senado le ha entregado a esta solicitud que, a través de este decreto, va a permitir que el Gobierno utilice los mecanismos para traer más paz a la gente de esas regiones”, sostuvo el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, al conocer el visto bueno de la Cámara Alta, lo que zanjó la luz verde para mantener a las Fuerzas Armadas desplegadas en dichas zonas de la Región del Biobío y La Araucanía.

Por su parte, el titular del Interior, Rodrigo Delgado, manifestó: “Ha habido distintas interpretaciones, pero quiero valorar el espíritu de la gran mayoría de los parlamentarios”. Según dijo, se optó por escuchar a la gente, haciendo alusión a la consulta ciudadana online que se realizó durante el fin de semana.

Pero no todo fueron aplausos, ya que en ambas corporaciones parte importante de la oposición esbozó fuertes cuestionamientos en contra de la administración del Presidente Sebastián Piñera, a quien acusaron de sólo ofrecer como solución al conflicto que se vive en la zona, el uso de la fuerza.

“No es justo que el Congreso sea cómplice de que se siga asesinando y manchando las manos con sangre donde nuevamente han caído hermanos asesinados. Quiero hacer un llamado a que podamos, de una vez por todas, ayudar a resolver esta situación tan compleja donde se ha militarizado, criminalizando y con actitudes racistas”, apunto la diputada Emilia Nuyado (PS).

En el mismo tono, Yasna Provoste (DC) expresó que quiere “profundamente la paz en la Araucanía, como la quiero en todo Chile. Por eso voté en contra de la extensión del estado de excepción. No resuelve lo esencial y profundiza una crisis que requiere respuestas políticas, lo que ya resulta imposible pedirle al Presidente Piñera”.

Esos argumentos, sin embargo, también recibieron reproches. Parlamentarios oficialistas no titubearon en despedazar a la izquierda, porque a juicio de algunos de ellos, sólo validan la violencia y por eso se oponían a la medida.

“¿De qué lado vamos a estar? ¿Del lado de las víctimas o del lado del terrorismo y la violencia? Esa es la preguntan que hoy día se hacen los chilenos respecto de los distintos parlamentarios”, dijo el diputado Diego Schalper (RN), mientras el senador Felipe Kast (Evópoli) indicó: “Hay algo que hace falta en nuestro mundo político, y es que la democracia se trata de un pacto donde aceptamos todo, menos la violencia. Esa es la gracia, terminar con la ley de la selva”.

Pero ante las críticas, ciertamente hubo respuestas. Entre ellos la que dio el senadorJuan Pablo Letelier (DC), quien fue enfático en sostener que es “falso de que aquí existen los que están en contra de la violencia y los que están a favor, estamos todos contra la violencia, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra que maten personas inocentes o que los baleen”.

Estado arriesga millones

Según un publicación de La Tercera PM, entre 2020 y 2021 se han presentado un total de nueve demandas de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile en el marco del conflicto de la Macrozona Sur.

Y producto de esos litigios, el estado arriesga el tener que pagar $5.902.411.719.

Además, está la demanda que presentaron comuneros por la denominada “Operación Huracán”, donde se pide una indemnización de $1.713 millones.