La situación que enfrenta Karina Oliva es compleja. No sólo el abanderado presidencial del bloque que integra le quitó el apoyo, sino que también deberá responder a una denuncia que ingresaron parlamentarios oficialistas.

En concreto, los diputados de Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri, Guillermo Ramírez, y el diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke, presentaron una acción ante el Ministerio Público a fin de que se indaguen eventuales delitos.

“Hay una confesión de parte de Sebastián Depolo y de Karina Oliva de que a ellos le financiaron el sueldo antes de la campaña y en el caso de Depolo, también afirma que después de la campaña. Ellos reconocen abiertamente que recursos que sólo son para financiar gastos de campaña, se usaron para financiar actividad política fuera del periodo de campaña y eso es totalmente ilegal”, señaló Ramírez.

Por su parte, Alessandri enfatizó: “Nos preocupan especialmente las declaraciones del señor Depolo, que dice ‘a mí se me estaba pagando un servicio que yo prestaba desde enero’, pero como la ley circunscribe la campaña a tres meses, tuve que poner eso en la boleta. Decirle al señor Depolo y a Karina Oliva que por eso mismo que él está reconociendo, que se llama precampaña, el exministro Peñailillo estuvo a punto de irse preso”.

Cruz-Coke, en tanto, emplazó a la candidata a que “le explique al país por qué hay 137 millones en boletas y 120 millones que se reembolsan a una institución ligada a su partido Comunes, que se rindieron como gasto ante el Servel”.

La acción del PPD y la DC

Pero la acción de Chile Podemos más no es la única. Gabriel Ascencio, diputado y jefe de bancada DC, ofició al presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, para pedirle una nueva revisión de la rendición de las cuentas de la campaña a gobernadora de Oliva, solicitando, además, enviar los antecedentes al Ministerio Público.

“La denuncia es simplemente escandalosa, y por lo tanto le estamos pidiendo al Servel, que es el que tiene las facultades, de que haga una nueva revisión de esta rendición de cuentas”, declaró el diputado.

Lo propio hizo la timonel del PPD y candidata senadora, Natalia Piergentili, quien solicitó al Servel presentar una denuncia ante el Ministerio Público por eventuales delitos de fraude al Fisco y a la Ley Electoral

“Se está vulnerando la fe pública y por tanto debe ser investigado por la justicia, y la única entidad que tiene legitimidad activa para perseguir estos eventuales delitos en los tribunales es el SERVEL, por lo que hemos acudido ante dicha instancia para que tomen cartas en el asunto y coloquen los antecedentes ante la Fiscalía”, acusó.

Siguen bajando los apoyos

Dado el complejo escenarios, la propia tienda en que Oliva milita determinó quitarle respaldo, misma acción que siguió Convergencia Social.

Junto con confirmar que se realizarán elecciones para elegir a la nueva directiva el 23 de noviembre (puesto que el presidente renunció en medio del escándalo), Comunes aseguró que realizará una investigación interna liderada por su Tribunal Supremo, y con ello, una auditoría externa para “investigar todas las irregularidades que puedan haberse cometido en la gestión administrativa del partido”.

Además, dijeron que transparentarán las gestiones financieras del partido e iniciarán un proceso de democratización de instancias partidarias.

Señalaron, en el mismo sentido, que es justo dejar a sus militantes “en libertad de acción respecto de su voto a la senatorial de la Región Metropolitana”.

Desde Convergencia Social, en tanto, señalaron que “las declaraciones entregadas por Karina Oliva y el expresidente del partido Comunes, Jorge Ramírez, nos parecen una respuesta insatisfactoria frente a los múltiples cuestionamientos que ha generado el reportaje de Ciper”, por lo que también decidieron dar un paso al lado.

Llamaron, así a “no apoyar la candidatura de Karina Oliva, puesto que nuestro compromiso se encuentra con el pacto Apruebo Dignidad y lo que buscamos representar: una política transformadora y ética de cara a la ciudadanía”.