Un paquete interceptado por el Servicio Nacional de Aduanas en el Aeropuerto de Santiago fue clave en la incautación de decenas de armas y cientos de municiones halladas en Temuco. La investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) arrojó que un excandidato a alcalde estaba vinculado y ahora se investiga una eventual conexión con bandas delictuales.
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Todo comenzó con una caja de repuestos para armamentos de guerra que fue enviada desde Estados Unidos a Temuco. Allí la esperaba un excandidato a alcalde por la comuna de Vichuquén, Cristián Bravo Cabezas, quien ahora se encuentra en prisión preventiva.
El jueves pasado llegaron dos detectives encubiertos de la PDI se dejaron caer en su departamento y se hicieron pasar por repartidores de Correos de Chile que llevaban su encargo. Ahí el ingeniero civil en electricidad, de 38 años, firmó conforme la recepción de la encomienda, según indicó la Unidad de Investigación de BíoBío.
Tres días antes, el lunes 22 de noviembre, la PDI llegó hasta la oficina del Servicio Nacional de Aduanas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Habían sido alertados del hallazgo de un paquete que contenía partes plásticas y metálicas utilizadas en el mundo de las armas.
El remitente era el excandidato, quien a principios de mes realizó un viaje a EEUU para importar los implementos para venderlos o usarlos en la reparación de armamento.
Esto se suma a que en la bodega del departamento, Bravo tenía un taller clandestino de elaboración, reparación y modificación de armas de fuego.
Al ser atrapado, el imputado decidió facilitar su celular y algunos nombres de interés a los policías. Gracias a esto, la policía logró establecer que el individuo en cuestión se dedicaba a la comercialización, reparación y modificación ilegal de armas de fuego de diverso calibre.
Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos Metropolitana y se gestionaron órdenes de entrada y registro en siete domicilios de Temuco y uno de Talcahuano, en la región del Bío Bío. El imputado, por su parte, deberá estar en prisión preventiva mientras dure la investigación, que tiene un plazo de 120 días.
