El expresidente argentino Mauricio Macri fue acusado formalmente por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento de un submarino en 2017.
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El juez federal Martín Bava procesó a Macri por el delito de “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”, según el fallo.
Bava también ordenó un embargo sobre los bienes del exmandatario por 100 millones de pesos (aproximadamente un millón de dólares) y le prohibió la salida del país.
Este es el primer procesamiento que enfrenta Macri, de 62 años, desde que dejó el poder en diciembre de 2019. Al menos por ahora, el expresidente continuará el proceso en libertad.
El exgobernante —referente del ala más dura de la oposición al gobierno del presidente peronista Alberto Fernández— está acusado de ordenar el espionaje a familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió hace casi cuatro años en el Atlántico sur. No hubo sobrevivientes.
En su primera reacción sobre el procesamiento, Macri señaló que “he dicho que es una persecución política que termina en esto, que ya todos sabíamos. Más incómodo es para la justicia argentina tener jueces como el juez Bava, es mucho más incómodo”. Sobre el embargo dispuesto por Bava dijo que “cumpliremos como corresponde hasta que apelemos”. Macri habló en Chile, donde se encuentra de visita en su calidad de dirigente de la Fundación FIFA, durante la cual fue recibido por el presidente Sebastián Piñera.
En el marco de la causa, el juez Bava también había procesado sin prisión preventiva a Gustavo Arribas y a Silvia Majdalani, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la segunda a cargo de esa institución, respectivamente, durante el gobierno del dirigente opositor.
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Según Bava, el espionaje ilegal consistió en la recolección y almacenamiento de datos sobre personas “por el solo hecho de sus acciones privadas u opinión pública o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias y por la actividad lícita que desarrollaban”.
“Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”, indicó el magistrado.
Para el juez, el objetivo de estas acciones era “influir en la opinión pública, en la opinión de esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno que el imputado encabezaba”.
El código penal argentino prevé penas de 3 a 10 años de prisión por actividades de espionaje ilegal.
Macri no se pronunció sobre el fallo de Bava, pero tiempo atrás expresó que el magistrado tenía motivaciones políticas.
Dirigentes que pertenecen a Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora del país, cuestionaron al juez y se solidarizaron con el expresidente.
“Mauricio Macri no espió ni mandó a espiar a nadie. Confío plenamente en él. Claramente detrás de este procesamiento hay una fuerte persecución política”, manifestó Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde de Buenos Aires.
Esta es la segunda causa judicial que enfrenta Macri por espionaje. En 2009 fue procesado por espiar a su familia y a empresarios, entre otros, cuando era alcalde de Buenos Aires. Tras asumir como presidente en 2015, el fiscal que investigaba el caso desistió de continuar la acción penal.
