Resultados preliminares de un estudio realizado por la Universidad de Chile reveló que el 63,8% de los objetores de conciencia frente a la ley de aborto en tres causales, corresponden a mujeres.
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El estudio, encabezado por la doctora Adela Montero, directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, busca indagar acerca de las barreras que deben enfrentar las mujeres que requieren interrupción voluntaria del embarazo por tres causales.
Montero explica que, como parte del proyecto, recabaron información tanto en el Ministerio de Salud como mediante solicitud directa a instituciones de salud pública de todo el país.
“La literatura dice que en la implementación de la ley la objeción de conciencia es la principal barrera con la que se enfrentan las usuarias. Obtuvimos información de 57 hospitales públicos, con un total de 4.378 funcionarios que podrían objetar en conciencia, pues la ley permite que lo haga el médico o médica requerido/a para realizar el procedimiento y el personal sanitario que se desempeñe al interior del pabellón. Para ese total de contratados, el 12,7% objeta en la primera causal, como es peligro de vida de la madre; el 17% en la segunda, sobre inviabilidad fetal de carácter letal; y un 25,7% en la tercera, es decir, embarazo por violación”, señaló la doctora.
“Si solo se analizan los datos de los profesionales ginecobstetras, el 19% objeta en la primera causal, el 27,6% en la segunda, y el 49% en la tercera”, añadió Montero
De los 57 centros asistenciales que respondieron, “21 nos dieron datos anonimizados y desagregados respecto de los objetores, tales como rango de edad, género y nacionalidad, los cuales se detallan en el formulario cuando una persona se declara como objetora de conciencia. Lo que encontramos fue que en esos 21 hospitales públicos hay 443 objetores de conciencia en total; el 54% objeta en primera causal, el 68% en la segunda y el 94% en la tercera. El 49,9% objeta en todas las causales”.
Lo llamativo, añade la especialista, es que del total de objetores el 63,8% son mujeres. “Entre los médicos ginecobstetras, el 38% por ciento son mujeres y el 62% hombres, así como entre los anestesistas el 43% son mujeres y el 56% hombres. Es decir, los profesionales médicos corresponden en mayor proporción al género masculino. Pero esto cambia entre profesionales no médicos, porque allí el 88% son mujeres; y entre los Técnicos de Enfermería de Nivel Superior, el 95% son mujeres y solo el 4% hombres. Sin duda, hay profesiones más feminizadas; sin embargo, respecto del género, se podría esperar que en ellas hubiera menor proporción de objetores, pero los datos no permiten deducir eso”.
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Adicionalmente, la especialista aseguró que desde que se implementó la ley, ha habido muchos menos casos de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales de los que se esperaban.
Se estimaban alrededor de 2.500 casos anuales en todas las causales, y que la mayoría fueran por la tercera, pero “en el período 2018 y 2020, de los datos que nosotros obtuvimos, contabilizamos un total de 2.207 casos. Por eso es que nuestra hipótesis es que no están llegando las mujeres debido a que hay barreras para acceder”.
De las 2.207 mujeres que pudieron acceder a la constitución de cualquiera de las tres casuales entre 2018 y 2020, el equipo investigador pudo obtener la variable edad para 2.189 de ellas. Así, detectaron que 161 mujeres tenían menos de 18 años y 2.028 eran mayores de edad. En las 2.189 mujeres, 682 correspondían a la primera causal; 1.093 a la segunda, y 414 en la tercera.
La doctora Montero añade que entre las 414 mujeres con embarazo por violación durante los tres años estudiados, el 15% tenía menos de 14 años (64 niñas); el 16% tenían entre 14 y 17 años (67 adolescentes) y el 68% tenían 18 y más años.
“Además, pudimos detectar que entre las menores de 14 años, el 7,8% son migrantes; el 36% viven en la zona centro y solo un 11% reside en la Región Metropolitana”, aseguró.
El 98% está en Fonasa y, de ellas, casi un 60% en el nivel A de este sistema. Estas mismas variables arrojan que entre las 67 menores de 14 a 17 años el 11,9% son migrantes, casi un 41% vive en la Región Metropolitana, el 91% está en Fonasa y el 59% de ellas en el nivel A.
En las 283 mujeres sobre los 18 años, el 26,7% son migrantes, el 47% vive en la Región Metropolitana, el 86% está en Fonasa y 38% en nivel A.
“Incluso, hicimos el cálculo según el nivel de pobreza multidimensional por comuna y nos encontramos que las adolescentes presentaban un mayor indicador de esta vulnerabilidad respecto de las mayores de 18″, decretó la doctora de la Universidad de Chile
