Un importante paso tuvo ayer el proyecto del Gobierno que crea una Pensión Garantizada Universal, luego de que la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobara la medida y la despachara a Sala.

La iniciativa busca aumentar de $176 mil a $185 mil la actual Pensión Básica Solidaria y ampliar el beneficio al 90% del Registro Social de Hogares para las personas mayores de 65 años, con pagos decrecientes entre el 80% y el 90% del rango.

Y si bien en un inicio se estipulaba que los pagos comenzarían 3 y 7 meses después de publicada la ley, en medio del debate se aprobó la indicación que permitirá a los beneficiados del Pilar Solidario que el monto “aumentado” se entregue un mes después de publicada la norma.

Como el proyecto está con discusión inmediata, la Sala analizará la medida el próximo 3 de enero y, por lo mismo, el llamado del Gobierno ha sido a no poner trabas, para que lo más rápido posible esta iniciativa sea analizada por el Senado.

“Si el Congreso aprueba rápido, más rápido les vamos a pagar a las personas. Si podemos despachar en enero, significa que al mes siguiente , en febrero, vamos a estar pagando esta Pensión Garantizada.Hoy el Congreso tiene la palabra”, sostuvo la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

Ese espíritu de despachar a la brevedad la medida cruza desde el oficialismo a la oposición, que en términos generales dice no tener reparos con la fórmula. Esto porque la idea de una pensión garantizada surgió previamente desde los candidatos presidenciales y tanto quienes apoyaron a José Antonio Kast como a Gabriel Boric están por avanzar en ella, independientemente del monto que hoy está sobre la mesa.

“Todos compartimos que es importante mejorar las pensiones, especialmente las más bajas. Va en la línea con lo que propuso nuestro candidato. Nosotros estamos disponibles y la verdad es que el Gobierno ha puesto todo el pie en el acelerador”, sostuvo al respecto el diputado Marcelo Díaz (Unir).

Pero como las cosas no son tan fáciles en el Congreso, hay un pero. El problema que advierten en la oposición es que no estaría claro que el financiamiento de la medida esté asegurado. Es un gasto permanente y, por lo mismo, piden que haya ingresos permanentes para pagarlo.

Esto, ademas, se discute en un proyecto distinto al que contiene la idea matriz y recién se votará en la Comisión de Hacienda el martes 4 de enero.

Como se está a meses del cambio de Gobierno, y la administración entrante propone una importante reforma tributaria, desde la izquierda se pide no acelerar la norma respecto de los fondos y discutirla en acuerdo con las autoridades que llegarán.

No tendría sentido, recalcan, discutir dos veces, por ejemplo, el impuesto a las ganancias de capital en las transacciones en Bolsa, que hoy son sujetas de exenciones y que se pretenden modificar para financiar la PGU.

Por lo mismo, desde el sector aseveran que si hay un compromiso de acuerdo, no pondrán trabas.

Que el segundo proyecto se retrase, advierten, no influye en los pagos del beneficio, pues el primer año es con cargo a recursos que ya están en el Presupuesto 2022.

Manuel Monsalve: “Es muy extraño que se discuta por separado el financiamiento”

Diputado PS

¿Qué tan optimista es respecto de un pago de la PGU en febrero? Aprobamos el proyecto, incluida esa indicación para comenzar el pago el primer mes para los del Pilar Solidario. Estamos de acuerdo en la idea matriz. Es una cobertura alta y en algunos casos aumenta sustancialmente los ingresos. En el diseño no tenemos grandes diferencias. La discusión es en cómo se financia.

¿Qué les genera ruido? El mecanismo de financiamiento se discute separado. Lo que es muy extraño y esto supone una carga fiscal muy importante. Planteamos que si va a haber un gasto permanente, debe haber ingresos permanentes para que se financie y eso no está claro.

El nuevo gobierno plantea comenzar con una reforma tributaria ¿No se debería analizar en con junto? Eso es muy importante. En lugar de legislar de manera apresurada el financiamiento, se podría esperar a que el trámite lo lleve el gobierno entrante. Por prudencia, por carga fiscal, y por compromiso republicano, el Gobierno saliente debiera ponerse de acuerdo con el entrante.