La Contraloría General de la República se pronunció frente a la situación actual de las personas contratadas a honorarios por la administración del Estado, indicando que dicho personal que se desempeña de manera habitual deberá ser contratado gradualmente.
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Mediante un dictamen, el ente contralor explicó que la modalidad de honorarios fue concebida originalmente para contratar a expertos que colaborasen con pericias que no tuviesen los funcionarios que prestaban servicios de manera habitual al Estado.
Asimismo, afirmó que el sistema se implementó “para apoyar transitoriamente al personal cuando se enfrentaran situaciones excepcionales que impidieran hacerse cargo de las labores habituales con la dotación de planta y a contrata”.
“Sin embargo, la situación de los contratados a honorarios por la Administración del Estado ha venido experimentando cambios a lo largo del tiempo, que paulatinamente se han traducido en una precarización de la condición de quienes sirven en dicha calidad jurídica, al tenor de una normativa que no ha sido debidamente actualizada frente a una realidad que ha variado ostensiblemente desde la época de su dictación”, advirtió.
De esta forma, el organismo encabezado por Jorge Bermúdez acusó que se suele acudir a las contrataciones de personal a honorarios en lugar de aumentar la dotación de funcionarios.
“Dichas contrataciones constituyen una figura precaria, puesto que, a pesar de ser esencialmente transitorias, en la mayoría de los casos terminan por extenderse en el tiempo de manera tal que la persona contratada a honorarios se torna en un servidor permanente, pero sujeto a un régimen jurídico normalmente más desventajoso que el resto”, afirmó.
Entre sus argumentos, Contraloría explicó que los trabajadores estatales a honorarios no tienen la calidad de funcionario público, por lo que carecen de los derechos y las asignaciones que la ley reconoce a dichos empleados. Además, sus remuneraciones carecen de una referencia obligatoria a una escala objetiva o equiparable a quienes ejercen tareas similares.
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En esa línea, el ente advirtió que la modalidad de emisión de boletas han sido “sobreutilizadas” y que han dado pie a desprotección laboral que ha terminado en los tribunales de justicia, donde los demandantes “logran el pago de cuantiosas indemnizaciones, que contemplan cotizaciones y demás recargos legales”.
“De esta manera, el aparente menor gasto inicial en la contratación contrasta con los elevados montos que el Estado debe desembolsar producto del reconocimiento de una relación laboral por parte de los Tribunales de Justicia”, añadió.
Con dichos antecedentes, la Contraloría dictaminó la modalidad de honorarios soló podrá ser utilizada para la contratación de asesorías específicas, funciones en gabinetes y otras situaciones excepcionales, criterio que se aplicará a las nuevas contrataciones que no tenían un contrato a honorarios vigente al 31 de diciembre de 2021″.
Además, “los funcionarios a honorarios que cuenten con al menos dos renovaciones al 31 de diciembre de 2022 deberán ser traspasados a la contrata, y respecto de los que tengan menos que ese tiempo, será decisión del jefe del servicio realizar o no el traspaso”. Se espera que la normativa se aplique a plenitud para 2023.
