Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), incluyendo el ya polémico impuesto a los “súper ricos”, que fija un tributo a los patrimonios superiores a cinco millones de dólares.

Esto, de la mano con el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que sugirió buscar otras fuentes de recursos, ya que lo “prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU”.

“Ha quedado demostrado que nosotros tenemos la mejor voluntad de que se legisle en esta materia (...) y sepan que si esa PGU no se paga en febrero, es porque el señor Piñera tiene conflictos de interés”, manifestó Jaime Naranjo (PS), al tiempo que Alejandra Sepúlveda (FRVS) sostuvo: “Hemos puesto todos los votos, todas las necesidades y la expertise en este proyecto (...) Ahora lo que el Presidente tiene que hacer es obedecer a la Cámara y no ir al TC”.

Sin embargo, en el Gobierno no quedaron nada satisfechos con las condiciones de la aprobación y reafirmaron su reserva de constitucionalidad respecto del nuevo gravamen, por ser los tributos materias de atribución exclusiva del Presidente.

De hecho, aunque el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, destacó que tuvieron un “buen día” en el Parlamento, lamentó ese punto del articulado y afirmó que la forma en que la oposición lo introdujo, “les va a pesar en los próximos cuatro años”, porque pondría en duda las atribuciones que tendrá el próximo mandatario.

Por lo mismo, los secretarios de Estado adelantaron que se desplegarán para que en el Senado ese aspecto se rechace, y que si se quiere introducir mayores recursos, lleguen a otra fórmula.

“Espero que todos como clase políticas demos soluciones a los chilenos (...) Creemos que el impuesto a los súper ricos no recauda lo que se piensa, pero sí reconocemos que todavía queda debate y eso significa que vamos a seguir conversando para poder despachar el proyecto lo antes posible”, destacó el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda.

De todas maneras, aunque la apuesta es que en el Senado el nuevo impuesto se rechace, ahí no son pocos los que creen que sí hay que incluirlo, como el senador Carlos Montes (PS), que advirtió que al Ejecutivo “le ha costado” reconocer las falencias de la iniciativa, por lo que harían modificaciones más allá del financiamiento.

Los senadores tienen dudas, también, respecto de la forma en que se fija quiénes son los beneficiados, por lo que, por ahora, un tercer trámite sería inminente, lo que aleja la posibilidad de que las iniciativas se despachen en enero.

Eso aplazaría la fecha de pago, porque aún cuando el Ministerio del Trabajo estarían realizando las gestiones técnicas para comenzar a cancelar el beneficio en febrero, todo depende del momento en que los cuerpos legales se publiquen en el Diario Oficial.

Pero en caso de que los plazos se corran, desde la oposición están promoviendo la idea de que el pago sea retroactivo.

“Se ha dicho de parte del Gobierno que el objetivo es pagar el primero de febrero y que si la oposición no aprueba el proyecto tal y como está eso no pasará. Pero yo quiero aclarar a las personas que tengan total conciencia de que acá el Parlamento no puede aprobar proyectos mal diseñados que no tienen asegurado el financiamiento. Estamos porque haya una norma retroactiva, para que si se termina el proyecto en marzo, se pague de todas maneras desde febrero. Tengan confianza de que va a ser así”, enfatizó Montes a Publimetro.

Por su parte, Carolina Goic (DC) indicó a este medio que “lo importante es que exista la voluntad política de sacar adelante este beneficio para los pensionados que no pueden seguir siendo postergados”, por lo que recalcó que es partidaria “de hacer todas las sesiones adicionales que sean necesarias para garantizar este piso en nuestro sistema y su financiamiento a través del tiempo”.

Boric pide rapidez con garantías

Ante reproches referentes a que la oposición estaría dilatando el debate para que la materia se discuta en la próxima administración, el presidente electo, Gabriel Boric, fue tajante en indicar lo contrario.

“Nosotros no tenemos ningún interés en disputar quién firma la reforma. Los plazos de la misma no están adjudicados a quién firma, sino a que sea una reforma seria, responsable y sostenible en el futuro”, dijo, agregando que están porque el proyecto “salga lo más rápido posible en la medida en que haya garantías de que está financiado”.