Tras meses de tramitación y análisis, la Comisión de Constitución del Senado despachó a Sala el proyecto que concede una amnistía (inicialmente un indulto) a los denominados “presos de la revuelta” de octubre de 2019.
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Como explicó el presidente de la instancia, Pedro Araya (IND), podrían acceder al beneficio aquellos que en el contexto del “estallido social” fueron encausados por “daños, desórdenes públicos, incendios en la medida que no se causó daño a las personas y no hubo peligro de propagación”.
Entre los requisitos, detalló, está “no tener antecedentes previos por delitos de la misma especie y estar comprendidos dentro del período que contempla la amnistía, que va desde el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020″.
Pero lejos de celebrar, desde la Agrupación de Familiares de Presos del Estallido indicaron que se trata de un proyecto que “no sirve”.
“Lo fueron desmenuzando de tal forma que le fueron quitando delitos y beneficia sólo al 20% de los presos políticos. Mantienen a los chicos condenados o en prisión preventiva, por lo que vamos a seguir trabajando”, dijo Paola Palomera, vocera de la entidad.
Dado que la iniciativa no cuenta con ningún tipo de urgencia legislativa, lo más probable es que la votación en Sala quede para marzo, o incluso, para después de que entren en funciones los nuevos parlamentarios.
Y ahí, el riesgo de que la moción no pase a la Cámara Baja es alto, ya que con la nueva composición que tendrá el Senado, no son pocos los que estiman que la norma podría rechazarse.
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Aun así, y pese a que tiene esperanzas de que el Congreso sí apruebe una fórmula de “reparación” eficaz, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) advirtió que hay otras vías administrativas a las cuales se podría echar mano.
“Hay una serie de medidas que se pueden tomar en paralelo, como el retiro de las querellas por ley de seguridad del Estado o generar coordinaciones con otros Poderes para aquellos casos que llevan demasiado tiempo en prisión preventiva. Hay una serie de medidas que se pueden tomar desde La Moneda, cuando el presidente asuma el 11 de marzo”, sostuvo.
Eso, como indicó, porque la nueva administración “quiere enfrentar estos conflictos, queremos buscar la paz social, generar los mayores acuerdos democráticos y entendemos que si bien son temas complejos, tenemos que abordarlos y la voluntad está con una convicción de ir hasta el final y sanar las heridas del ‘estallido social’”.
Por lo mismo, no descartó que el presidente electo recurra a la atribución que tiene para otorgar indultos, aunque declinó asegurar si eso se hará o no.
¿Por qué es tan necesario avanzar en una solución? Según Rodrigo Mallea, abogade de la Universidad de Chile especializado en Derechos Humanos, porque es “una deuda urgente de saldar”, ya que se actuó “fuera de la ley”.
“Debemos reparar el tiempo de privación de libertad que no cumple con los estándares legales o que se sostiene meramente en testimonios de partes implicadas, y por último, garantizar que existan medidas de reparación, tanto a las víctimas a nivel personal como en el colectivo. Urgen reformas profundas para que nunca más en Chile las fuerzas públicas les declaren la guerra a las personas que se movilizan por sus derechos”, agregó.
A su juicio, “la ley de indulto debe evaluarse de forma estratégica, viendo distintas opciones para viabilizarla en un contexto que ha sufrido de mucha resistencia”.
Sea cual sea el camino, la futura ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, insistió ayer en que “una de las urgencias humanas que tenemos que resolver como sociedad es lo referente a todos aquellos jóvenes que lamentablemente están con castigo anticipado, cumpliendo una condena sin juicio, sin pruebas en su contra”.
A su juicio, lo ideal sería que el Congreso despache un buen proyecto a la brevedad, antes del 11 de marzo.
