De acuerdo con el Informe Monitor del Uso de la Fuerza Letal 2018-2019, reporte internacional que por primera vez incluyó a Chile y que da cuenta del uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad en servicio, nuestro país presenta una falta de registros oficiales en esta materia.

Según el reporte, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, mientras que la Policía de Investigaciones no entregó cifras sobre civiles muertos o heridos por agentes en servicio con armas de fuego, Carabineros proporcionó cifras agregadas.

En tanto, las Fuerzas Armadas (cuya información se requirió para el estado de excepción constitucional de 2019 comprendido en el período estudiado) denegaron el acceso a la información, según indica el reporte.

La investigadora del CESC y coordinadora del informe de Chile, Alejandra Mohor, planteó que uno de los desafíos que emana de este reporte es que se les exija a las policías “llevar un registro detallado de las letalidades asociadas a armas de fuego ocasionadas por la actuación de sus funcionarios”, incluyendo descripciones de los hechos, caracterizaciones sociodemográficas de los intervinientes, lugar y fecha, entre otros elementos.

“Un registro cabal del uso de la fuerza letal permitiría generar recomendaciones que permitan que ésta sea efectivamente excepcional. Es necesario recordar que la vida –de civiles y agentes– es el bien jurídico más importante de proteger. Esa es la mayor tarea del Estado”, señaló Mohor.

Los datos obtenidos

El Informe da cuenta de un total de 39 civiles muertos por uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad en el período estudiado: 18 en 2018 y 21 en 2019.

Y al desglosar por policías, se puede observar que en 2018 Carabineros y la PDI fueron responsables de nueve casos de civiles muertos cada una. En tanto, en 2019, Carabineros generó 14 víctimas, la PDI cuatro y las Fuerzas Armadas, en contexto del estado de excepción constitucional (19 al 28 de octubre de 2019), generaron tres muertes.

Un 95 por ciento de las personas que perdieron la vida eran hombres, y el promedio de edad fue de 23,5 años. La mayor parte de los casos se concentran en la comisión de delitos flagrantes.

Recomendaciones

El documento también entrega una serie de recomendaciones. Una de ellas es excluir a las Fuerzas Armadas de las tareas de orden público, en línea con la evidencia internacional, pues, según indica el reporte, los funcionarios de Fuerzas Armadas asignados a estas tareas durante el estado de excepción constitucional “tienen asociada la mayor tasa de letalidad por institución”, que alcanza 2,5 civiles muertos cada 1.000 agentes, mientras que en el caso de la PDI esta tasa alcanza el 0,6 y en el de Carabineros, 0,3.

“El tema es de extrema gravedad, porque tiene que ver con la vida de las personas y que no está suficientemente acompañado, fiscalizado, no hay suficiente transparencia en el mundo en general, pero sobre todo en América Latina, África y en algunas regiones del Sudeste Asiático. Incluso las instituciones internacionales no consiguen registrar los casos y por eso la sociedad civil está haciendo un esfuerzo en ese sentido”, explicó Ignacio Cano, coordinador regional del Monitor.

Si bien los indicadores de Chile son mejores que los del resto de los países analizados, el informe destaca negativamente “la ausencia de datos institucionales en Chile” y señala que es urgente legislar en esta materia.