La diferentes comisiones de la Convención Constitucional, con sus respectivos ritmos, avanzan decididamente en la discusión y votación de las propuestas de norma, pues ya a partir del próximo martes 15 de febrero, dichas disposiciones pasarán a ser materia de análisis del Pleno. O sea, a partir de la próxima semana se podría tener claridad sobre las primeras normas que estarían en la nueva Constitución.

Pero ese trabajo le ha dejado al órgano una serie de reproches. Por ejemplo, se ha cuestionado, por parte de la Asociación de Magistrados, algunos de los cambios que se quieren introducir al actual sistema de justicia, entre los cuales se ha determinado despojar a jueces del fuero constitucional en el caso de que se les impute algún delito.

Asimismo, la idea de avanzar en un Estado con regiones autónomas ha generado desconfianza y lo mismo ha ocurrido en el caso de normas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente, como la que supone nacionalizar mineras o caducar todos los derechos de agua que se encuentren vigentes a la fecha.

Y ni hablar de los reproches que ha recibido María Rivera por asegurar que la supresión de los tres poderes del Estado asoma como la única fórmula que permite garantizar verdaderos niveles de equidad y justicia social, pues sus propios pares la han “despedazado”.

Según Agustín Squella, hacía más de un mes que intentaba que la entidad tomara cartas en el asunto y pudiera oír las críticas que se les estaban haciendo -no necesariamente para cambiar el rumbo de las votación, sino para hacer autocrítica-. Así, envió una solicitud a la Mesa que encabezaba Elisa Loncon para realizar una jornada de reflexión, pero no hubo respuestas.

Por lo mismo, en una carta que envió a El Mercurio, evidenció su molestia, indicando que dicha instancia pudo “habernos ayudado a enfrentar de mejor manera no el segundo tiempo del trabajo de la Convención, sino el verdadero partido de ella: propuesta, debate y votación de normas constitucionales”.

Consultado al respecto, el vicepresidente Gaspar Domínguez dijo que lo solicitado por Squella “no ha sido tema”, pero reconoció que también recibieron peticiones de parte de Malucha Pinto y Carlos Calvo.

Asimismo, insistió en que no hay temas vetados, por lo que si se ingresan solicitudes para materializar esa instancia, se analizará.

A juicio de Fernando Atria, en todo caso, no es seguro que “una jornada de reflexión de la Convención completa sea una oportunidad adecuada para un diálogo conveniente respecto de la marcha de la misma”.

Por su parte, Elisa Loncon aseveró que dicha jornada no se realizó durante su “mandato”, porque no había elementos en el reglamento que así lo permitieran.

Eso sí, no son pocos los que insisten en que sería una buena idea.

“Ciertamente es una buena idea recoger las críticas externas y hacer autocrítica interna en una jornada de reflexión. Sin embargo, esto llega un poco tarde para la Comisión de Justicia pues ya se han aprobado muy malas propuestas. El daño ya está hecho”, comentó con reparos Ruggero Cozzi.

Por su parte, Cristóbal Andrade manifestó: “No es mala idea, hay que organizarse bien para lo que viene. Debemos avanzar a un trabajo impecable y no hacer de esto un show para la prensa. Estamos hablando cosas de fondo ahora en donde algunos sectores van a estar en desacuerdo con ideas y están en su derecho a reclamar, pero también el respeto mutuo, concuerdo en una jornada de reflexión en la cual aclaremos temas, ya que está Constitución no será para sólo un sector ni para otro, será para todos los pueblos y habitantes del territorio de Chile”.

Las fechas clave

• 15 de febrero: parte la votación de normas constitucionales en el Pleno.
• 22 de abril: estarían todas las normas votadas por el Pleno, lo que conformará un borrador de nueva Constitución.
• 22 de abril: el texto borrador pasa a Comisión de Armonización.
• Mediados de junio: dicha comisión debe entregar el resultado final para presentarlo al Presidente Boric.

El rol de la Comisión de armonización

Esta comisión se formará una vez esté consensuado un borrador de nueva Constitución y estará integrada por 44 constituyentes.

Su objetivo es que las normas aprobadas tengan coherencia y cohesión. Deberá informar sobre eventuales incongruencias y proponer soluciones a las mismas. En esta etapa, además, se revisa técnica legislativa, sintaxis, gramática, ortográficas y de estilo.