El primer informe sobre propuestas que analizó el Pleno de la Convención fue el emanado por la Comisión de Sistema de Justicia, que incluía 16 artículos y de los cuales sólo dos fueron rechazados.
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En primer punto, se rechazó lo referente a la “inamovilidad de lo jueces”, por 89 votos a favor, 62 en contra y 0 abstenciones.
Esto, principalmente, por el contenido del segundo inciso, que entre otras disposiciones, plantea que los jueces “cesan en sus cargos únicamente al cumplirse la duración prevista para el mismo”.
Y no logró los dos tercios, pues para varios de los representantes es necesario que ningún otro poder, ya sea el presidente, ministros o parlamentarios, limiten los periodos que tendrán los jueces.
“¿Por qué es importante la inamovilidad? Si los jueces deben preocuparse de su reelección, pueden fallar pensando en mantener sus cargos. Los jueces deben vincularse únicamente por el derecho vigente, sin estar sometidos a premios o castigos de otros poderes del Estado”, explicó en ese sentido Hernán Larraín Matte.
En la misma línea, Luciano Silva manifestó: “Establecer jueces a plazo y eliminar el fuero judicial afectará la independencia de los jueces y los pondrá en manos del poder estatal, los poderosos del mundo económico y la política”.
Asimismo, se rechazó la norma sobre “ejecución de las resoluciones”, por 88 votos a favor y 63 en contra.
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Y en este caso, hay dos elementos que generan dudas. Por una parte, porque establecía que “los órganos que ejercen jurisdicción podrán impartir órdenes o instrucciones directas a la fuerza públicas” y, por otra, porque indicaba que “Las sentencias y resoluciones dictadas en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos permitirán revisar el efecto de cosa juzgada” por los tribunales chilenos.
Sobre lo primero, convencionales han recalcado que se debe delimitar esa eventual atribución, a fin de evitar arbitrariedades y excesos por parte de un determinado juez.
Por lo mismo, Patricia Politzer fue de quienes tildó la disposición como “demasiado amplia”.
En cuanto a la segunda disposición cuestionada, Marcela Cubillos apuntó que se eliminaría la soberanía de los tribunales nacionales y que, por lo mismo, “nadie tendrá certeza de un fallo, incluso de la Corte Suprema, ya que quedará sujeto a una eventual revisión de un tribunal internacional”.
Consultado sobre el rechazo de ambas normas, Christian Viera, uno de los coordinadores de la Comisión de Justicia, indicó que están “tranquilos”, pues éstas vuelven a la instancia que encabeza junto a Vannesa Hoppe.
“Creemos que son normas muy importantes y que van a ser mejoradas. Es un oportunidad para generar y ofrecer un mejor texto”, manifestó.
La derecha reflexiona “cómo seguir adelante”
Tras la votación del martes, donde se aprobaron 14 de las normas sobre Sistemas de Justicia, parte de la derecha se declaró en “reflexión”.
Así lo expresó Carol Bown (UDI), advirtiendo como algo grave que “no haya habido ninguna moderación ni consideración a planteamientos serios” durante la mencionada instancia.
En el mismo sentido, ayer explicó que, en lo que viene, deben analizar “cómo siguen adelante”.
“No hay aquí una idea de abandonar, nunca, la defensa de las ideas. No hay ánimo para nada de abandonar ni a nuestro sector, ni la defensa de las ideas de la libertad y de quienes votaron por nosotros”, sostuvo la convencional, descartando que lo que decidan implique abandonar sus labores, pues insistió en que seguirán aportando y buscando plasmar sus ideas.
Pese a las aclaraciones, Marcela Cubillos optó por tomar distancia del bloque de Bown, asegurando que fueron “elegidos para estar ahí y representar a los miles de chilenos que tienen derecho a que su voz sea escuchada. Somos minoría, saldrá un mal proyecto y será la ciudadanía la que evaluará y votará. En Venezuela la derecha abandonó. Acá al menos, yo no”.
De igual forma, insistió en que dará “la pelea democráticamente hasta el último voto, hasta el último artículo, hasta el último inciso”.