Ante el 17° Juzgado Civil de Santiago, la importadora Best Quality Products solicitó el embargo de embargo de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), entidad presidida por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
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¿La razón? El demandante acusa cheques no pagados por un monto total de 860 millones de pesos por la venta de mascarillas KN95, guantes y termómetros para enfrentar la crisis sanitaria del covid-19.
En concreto, la empresa apunta a una deuda total de 1.292 millones de pesos por diez facturas emitidas entre julio y noviembre de 2020, monto al que se le descuenta un pago factorizado.
[ Tribunal Constitucional suspende liquidación forzosa de farmacias popularesOpens in new window ]
El embargo apunta a una cuenta corriente del BancoEstado y tres inmuebles, ubicados en Avenida Los Leones en Providencia; Avenida Vespucio en Conchalí; y Avenida Recoleta en la comuna homónima, además de “todos los bienes muebles embargables que se encontraran al interior: mobiliario, máquinas, insumos, medicamentos”.
La importadora realizó la petición debido a que la jueza suplente, María Isabel Reyes, desestimó los argumentos expuestos por la defensa de la Achifarp y ordenó “seguir adelante la ejecución hasta hacer entero y cumplido el pago a la actora de su acreencia”.
Eduardo Lagos, abogado de Best Quality Products, celebró la resolución y apuntó contra Jadue, “quien nuevamente mintió respecto a supuestos pagos que habría realizado o abonos a los casi 1.400 millones de pesos que le deben a la empresa”.
Sobre la solicitud de embargo, Lagos añadió que buscan “todos los bienes que posee esta institución que dirige Jadue y que solamente se ha mantenido con los dineros que burdamente el año pasado se apropió de mis representados. Esperamos embargar sus cuentas corrientes, como cada una de las mercaderías que forman parte de las farmacias y bodegas de la institución”.
Cabe señalar que la empresa está tramitando otro litigio ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago para exigir la liquidación forzosa de Achifarp. Sin embargo, se encuentra paralizado debido a que Jadue presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional para que se suspendiese la causa.
