La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención aprobó un artículo que establece que serán obligaciones del Estado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, torturas y la desaparición forzada.
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Tales crímenes, determinaron, deberán ser investigados de oficio, “con diligencia, seriedad, rapidez, independencia, imparcialidad y en conformidad con tratados internacionales”.
Esto, entre otras razones, porque disposiciones visadas en otros articulados prohibieron explícitamente la desaparición forzada, la tortura y los tratos cueles.
Y si bien varios celebraron estas medidas, representantes como Rocío Cantuarias insistieron en que es materia “propia de legislación inferior”.
“Evidentemente no estoy respaldando esas atrocidades, pero entrar a este detalle por razones políticas, me parece inadecuado”, complementó.
Por otra parte, los representantes aprobaron el “derecho a la vida”, el cual indica que “ninguna persona podrá ser condenada a muerte”.
Durante la sesión del sábado, además, la Comisión despachó el artículo referente al derecho de reunión, aprobando que “todas las personas tienen derecho a reunirse y manifestarse sin permiso previo”.
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Si bien ciertas manifestaciones podrán restringirse de acuerdo a lo que se fije en la ley correspondiente, se hizo patente que “el uso de la fuerza pública deberá siempre respetar los estándares que se desprenden tanto de esta Constitución y la ley”.
De todas maneras, hay otra norma que se aprobó con anterioridad que sigue generando polémica: “Derecho de propiedad de los pueblos y naciones indígenas”.
Ahí se establece que “el Estado, en consulta con los pueblos, debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para el reconocimiento, demarcación, registro o titulación y restitución de las tierras, territorios y maritorio indígena”.
La mayoría de los integrantes de la Comisión estuvieron a favor de que se indique que el Estado reconoce la desposesión, usurpación, expoliación y despojo de las tierras, territorios y bienes naturales los pueblos indígenas, y que, por lo mismo, “tienen derecho a la recuperación, restitución, reconstitución y reclamación” de esos espacios.
Según Aurora Delgado, la normativa es prueba de que “el diálogo profundo y la vinculación con los pueblos son necesarias para ir reparando las heridas e injusticias que han marcado nuestra historia”.
Pero desde la otra vereda, Cantuarias indicó que se trata de una “política identitaria pura y dura”. A su juicio, “no se consagra de modo robusto el derecho de propiedad para todos, pero sí hay una regulación preferente y muy detallada sobre propiedad indígena”, lo que calificó como una profunda desigualdad.
Hasta ahora, como advirtió, no está claro cuáles son dichos territorios o espacios, y no se ha definido qué órgano estará encargado de identificarlos, y si habrá “compensaciones”.
