Para este jueves se espera que comience la deliberación del primer informe de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención, el cual aborda una serie de principios relacionados con los “Derechos de la Naturaleza”.

Se trata de 37 artículos que, en principio, serán analizados en particular y que buscan consagrar cinco grandes temas: crisis climática; reconocimiento y protección de los Derechos de la Naturaleza; Medioambiente, biodiversidad, principios de la bioética y bienes comunes naturales; principios ambientales ; y democracia ecológica y plurinacional. Además, se proponen dos artículos transitorios que apuntan a la creación, en un plazo de dos años, de un “Servicio para la Crisis Climática y Ecológica” y la realización de un “Catastro de vertederos” dentro del país.

“Es imposible dejar a todos contentos con las normas y se entiende. Hay muchos puntos que convergen y las normas llegan a lo que llegan no sólo rescatando ciertas sensibilidades, sino que son fruto de un proceso de diálogo democrático. Y creo que se logran normas que, sin lugar a dudas, son un avance importante”, comentó ante este primer informe Juan José Martin, uno de los coordinadores de la Comisión.

Y sus palabras hacen referencia a que varios de los acuerdos tomados en la instancia generan controversia, como los articulados que apuntan a que el Estado podrá autorizar el uso por parte de particulares de bienes comunes, como el agua en todas sus fases, el mar, el fondo marino, playas, dunas, entre otros, pero que serán inapropiables, incomerciables, intransferibles e intransmisibles.

Quienes tienen dudas sobre ciertos aspectos, apuntan a que empresas optarían por irse del país al no tener asegurados los recursos que requieren para su desarrollo.

Entre ellos, Rodrigo Álvarez hizo presente que, en el caso de los derechos de uso de aguas, “sólo habrá licencias temporales, revocables y para fines específicos y limitados; por ejemplo, sólo agricultura, ganadería local y no energía”, lo que implicaría un riesgo.

El punto en particular es parte del Bloque B de propuestas, pero la disposición anterior sentaría un precedente que tensiona la discusión.

De igual forma, en esta etapa hay dudas sobre la idea de que los pueblos y naciones preexistentes tengan un régimen especial de titularidad colectiva de los bienes comunes naturales que se encuentran en sus tierras; en torno a hacer una revisión histórica que busque identificar los procesos evolutivos de la Naturaleza y reconocer las intervenciones humanas sobre ella; y ante la posibilidad de que las naciones preexistentes, en ejercicio de los derechos de consulta y consentimiento libre, tengan la facultad de aceptar o rechazar los proyectos públicos o privados que tengan un impacto en sus territorios y en los bienes comunes naturales .

Pese a ello, Camila Zárate, también coordinadora de la Comisión, relevó como “clave” que la nueva Constitución reconozca que estamos en un contexto de crisis climática y ecológica y que esto es fruto “de las actividades humanas”.

“En este cambio de paradigma, nos parece fundamental, desde la perspectiva de una Constitución ecológica, que podamos entender que la naturaleza no es simplemente una cosa, sino que somos parte de ella y que esta tiene un valor intrínseco que debe ser respetado”, complementó.

En el informe también se propone al Pleno un articulado tendiente a reconocer los derechos de los animales, fijando que la ley deberá establecer un servicio público para su protección y no extinción, una acción para su tutela, el resguardo de su hábitat y la prohibición de prácticas que los sujeten a tratos crueles.

Con las normas propuestas, como comentó Martin, se daría pie a evitar que se cometan actos que atenten contra la naturaleza y los seres que la habitan. “Hay que salir de esta lógica de destruir la naturaleza y agotar los combustibles fósiles, porque hay opciones. Se está generando un daño profundo a nosotros como humanidad y se están extinguiendo diversas formas de vida, lo que es catastrófico. Se trata de evolucionar”, explicó.

Las adecuaciones a las Asambleas Regionales

La Comisión de Forma de Estado ajustó las normas que se rechazaron en el Pleno y determinó que las Asambleas Regionales serán el órgano colegiado que representará a cada región, pero sólo tendrán potestades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

Podrán aprobar, modificar o rechazar el presupuesto regional; el plan de desarrollo; los planes de ordenamiento territorial; el plan de manejo integrado de cuencas; aprobar, a propuesta del gobernador y previa consulta del Consejo Territoral, la creación de empresas públicas regionales.

También podrá dictar reglamentos para la ejecución de leyes; e iniciar el trámite legislativo ante el Consejo. Se visó, además, que pueda solicitar al Consejo la transferencia de potestades legislativas.

Se rigen por un estatuto regional que debe proponer el Gobernador y que deberá ser rectificado por el Consejo Territorial y en referéndum.