La tarde de ayer, el Pleno de la Convención Constitucional revisó los informes de reemplazo que presentó la Comisión de Sistemas de Justicia en razón de “mejorar” las propuestas que no habían alcanzado los 2/3 para entrar al borrador de nueva Constitución.
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Y tras un debate en el que se volvieron a escuchar los reproches de la derecha, en relación a que se está dividiendo a los chilenos y fijando tratos “especiales” a los pueblos originarios, se zanjó definitivamente el concepto de “pluralismo jurídico”.
Según la norma aprobada con 113 votos a favor, “el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”.
Estos, se detalla, deberán respetar los derechos fundamentales que establecerá la nueva Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre DD.HH. de los que Chile es parte.
El mismo articulado consagra que “la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”.
La función jurisdiccional, por lo mismo, se ejercerá exclusivamente “por los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella”.
En ese sentido, se despejó un punto que era complejo y que hacía referencia a la inamovilidad de los jueces, y con el apoyo de 133 convencionales, se definió que las juezas y jueces son inamovibles. “No pueden ser suspendidos, trasladados o removidos sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes”, dicta la norma.
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Reclamada su intervención sobre materias de su competencia, sostiene otro artículo visado, “los tribunales no podrán excusarse de ejercer su función en un tiempo razonable ni aún a falta de norma jurídica expresa que resuelva el asunto. El ejercicio de la jurisdicción es indelegable”.
De igual manera, el Pleno aprobó que las sentencias sean siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo, y que la ley “podrá establecer excepciones al deber de fundamentación de las resoluciones judiciales”.
Asimismo, se consagró que las juezas y jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que regulan el procedimiento, y, en general, por toda prevaricación, denegación o torcida administración de justicia.
Se especificó, eso sí, que los perjuicios por error judicial otorgarán el derecho a una indemnización por el Estado, y no de los propios jueces.
Las normas finalmente aprobadas en torno a los Sistemas de Justicia, que tras las deliberaciones suman 16 artículos, fueron aplaudidas principalmente por los escaños reservados y, entre ellos, Elisa Loncon manifestó: “En la plurinacionalidad no existe superioridad ni inferioridad entre una justicia y otra (...) no estamos atomizando el Poder Judicial”.
Sin embargo, otros como Alfredo Moreno esperan que se delimiten con claridad los asuntos que podrán revisar.
“La idea de una jurisdicción indígena que trate temas civiles del día a día, de baja cuantía, voluntaria y entre personas de la misma etnia, está bien. Espero que la Comisión sea específica en el desarrollo normativo y vaya en ese sentido”, sostuvo.
