Cuando aún quedaban ocho constituyentes inscritos para exponer, se cumplieron las cinco horas fijadas para la deliberación en torno al primer informe emitido por la Comisión de Medio Ambiente, que proponía 38 artículos y dos disposiciones transitorias.

Y aunque todos los representantes tuvieron discursos donde se refirieron, en sus respectivos estilos, a la necesidad de resguardar los derechos del medio ambiente -porque por lo demás, ayer era el Día Mundial de la Naturaleza-, la mayoría tuvo reparos sobre la redacción y contenido del informe; incluso lo tildaron de “radical”.

De hecho, Hernán Larraín Matte expresó que se proponía el “sueño de una Constitución verde”, pero que los obligaba “a elegir entre la naturaleza o las personas”

En línea con eso, sólo seis de los artículos propuestos alcanzaron los 2/3 para aprobarse y pasar a la deliberación en particular.

En primer punto, los representantes visaron con 110 votos a favor, 26 en contra y 13 abstenciones, que el Estado reconozca “la existencia de la crisis climática y ecológica como consecuencia de la actividad humana”, y que por lo mismo, esté obligado a desarrollar “acciones y adoptar medidas en todos los niveles para la gestión de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica”.

Igualmente, se dio luz verde al artículo que consagra que “es deber del Estado garantizar y promover los derechos de la Naturaleza, debiendo realizar todas las medidas necesarias de precaución, reparación, restauración y regeneración cuando exista o haya riesgo de degradación o daño ambiental”.

Y aunque en su momento generó polémica, la norma que ordena al Estado proteger a los animales, “reconociendo su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato”, alcanzó los 103 votos necesarios.

En el mismo sentido, 103 convencionales estuvieron porque el Estado fomente una educación basada en la empatía hacia los animales, propendiendo “a través de la ley, sus órganos y políticas públicas, al bienestar animal”.

Asimismo, se visó lo referente a reconocer el derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales, y el artículo propuesto en torno a que todas las personas tengan derecho a acceder a la información ambiental pública.

Por otro lado, se rechazaron artículos que eran considerados como claves por los denominados ecoconstituyentes, como por ejemplo, que para afrontar la crisis climática el Estado tuviera que “fomentar las ciudades sostenibles a través de políticas que incorporen técnicas de construcción de bajo impacto ambiental”; que la naturaleza “tiene derecho a que se respete y proteja integralmente su existencia”; que toda persona podrá actuar en representación de la Naturaleza para el resguardo de sus derechos; y que la autorización para el uso de bienes naturales comunes (como el agua) será inapropiable, incomerciable, intransferible e intransmisible.

Todas las normas rechazadas volverán a la Comisión para ser objeto de indicaciones. A juicio de Camila Zárate, una de las coordinadoras de la instancia, les faltó mayor diálogo con sus pares.

“Hubo esfuerzos, pero entendemos que falta. Pero hay que decirlo, también hemos tenido a las empresas haciendo una y otra nota sobre lo que pasaba en esta Comisión”, dijo

Más atribuciones a Cámara Territorial

Crece la tensión en la Comisión de Sistema Político, pues pese a que las izquierdas tenían un acuerdo marco que permitía fijar un Congreso Unicameral y un Consejo Territorial que vería sólo algunas medidas, esa entidad pasó a ser una Cámara Territorial y conforme avanza la votación de indicaciones, gana atribuciones.

Así, sumaron que dicho organismo deberá dar su acuerdo cuando el Presidente tenga que ausentarse del país; que tendrá injerencia frente a contiendas de competencias entre autoridades políticas o administrativas, y en el caso de tribunales superiores de justicia; y que podrá aprobar o rechazar tratados internacionales que le presentare el Presidente