La nueva titular del Ministerio de Bienes Nacionales, la abogada Javiera Toro, tiene un plan de acción que está marcado por un eje feminista.
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Pretende poner énfasis en la recuperación de espacios e inmuebles fiscales para contribuir a solucionar la crisis habitacional que atraviesa el país, pero también avanzar en espacios de Memoria y fortalecer las atribuciones fiscalizadoras que tiene la cartera que encabezará desde este viernes.
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¿Qué le parece esta transversalización de la perspectiva de género que se quiere adoptar en esta administración y cómo será la bajada en su Ministerio?
Es una definición general del gobierno que tiene que ver con nuestro compromiso feminista y con asumir que la agenda feminista no es sólo de mujeres, no es una agenda particular, sino que requiere hacerse cargo de que en todas las políticas públicas, y en todos los espacios de la sociedad, se enfrenten las desigualdades de género.
No se puede pensar ninguna política del Estado sin esa mirada. Bienes Nacionales es un Ministerio muy importante respecto del territorio y su planificación, poniéndolo al servicio de la sociedad, de los fines comunes. En ese sentido, la perspectiva de las mujeres y de género integral va a ser fundamental para que la gestión del territorio tenga en consideración las problemáticas que las desigualdades genera.
¿Cuáles son los primeros desafíos que se plantean?
Hay una agenda más inmediata de urgencias que se tienen que implementar y el Ministerio va a tener que involucrarse. Una de ellas tiene que ver con la crisis habitacional y Bienes Nacionales siempre ha trabajo con el Ministerio de Vivienda y lo tiene que hacer de manera más intensa, tanto para poner a disposición terrenos fiscales para la construcción de viviendas, como también contribuir a la gestión de las tierras, porque no necesariamente, sobretodo en los centros urbanos, existe tanto terreno fiscal. Pero Bienes Nacionales, trabajando con Vivienda y los Serviu, es un actor importante para adquirir, si es necesarios, algunos terrenos y poder entregarlos.
Sabemos que la agenda de Vivienda ha sido levantada de forma importante por mujeres, porque la crisis habitacional las afecta principalmente, pues dificulta su autonomía economía, que puedan hacerse cargo de sus proyectos de vida, y por lo mismo han llevado esa lucha protagónica. Es prioritario.
¿En qué medida eso se puede lograr considerando la estrechez económica?
Estamos en una situación donde el déficit habitacional se está convirtiendo en una crisis que nos obliga a abordar el tema con urgencia. No se puede seguir arrastrando. Todas las instituciones tenemos que contribuir a poder resolverlo. Por supuesto que Vivienda va a tener el rol principal, pero creo que somos varios los ministerios e instituciones públicas que pueden contribuir. Si hay terrenos fiscales que se pueden poner a disposición, va a estar toda la disposición. Seguramente se van a necesitar más recursos, pero hay un llamado a más instituciones públicas que también tienen terrenos que son del Estado y nosotros esperamos que sean puestos a disposición.
¿Van a mirar con especial atención terrenos de las Fuerzas Armadas?
Cuando enfrentamos esta crisis nacional, todas las instituciones tienen que ponerse al servicio de resolverla y sabemos que hay muchos terrenos que son de las Fuerzas Armadas y tenemos la intención de poder revisar las actas de Chena que ya se han firmado y su cumplimiento, para eventualmente establecer nuevas conversaciones con ellos, porque creemos que todas las instituciones que hoy son dueñas de terrenos que más allá de su administración son del Estado, tienen que ponerse a disposición de resolver estas urgencias nacionales.
Han planteado la necesidad de recuperar espacios de Memoria, como Venda Sexy ¿Cómo se avanza en ello?
Una de las deudas importante que tiene el Estado tiene que ver con la Memoria Histórica, la Memoria de las violaciones a los DD.HH., tanto las sucedidas durante la dictadura como las de nuestra historia más reciente. Es uno de los ejes de la justicia transicional. Desde Bienes Nacionales tenemos la voluntad de trabajar con otras instituciones para reconocer y recuperar, eventualmente, Sitios de Memoria, donde hubo torturas, ejecuciones, desde donde desaparecieron personas, y donde se ejerció de manera más intensiva la violencia política sexual, que es una de las maneras importantes de represión que se expresó especialmente contra mujeres.
Eso es muy importante de resaltar en la Memoria Histórica y lo analizaremos a lo largo de todo el país. Es importante tener una política nacional de Memoria y, en particular, hay sitios emblemáticos como Venda Sexy, que además ha recuperado importancia en la discusión pública a propósito del corto “Bestia”, y tenemos toda la voluntad de contribuir a recuperar, en coordinación con organizaciones, ese lugar que hoy está en manos privadas, para garantizar de que esa Memoria no se pierda y recordar que la violencia sexual fue utilizada especialmente en la dictadura como una herramienta política de represión.
¿Lo mismo en razón de las víctimas de la violencia de agentes del Estado en el “estallido social”?
No sólo hablamos de las violaciones a los DD.HH. de la dictadura, sino que reconocemos que en democracia también el Estado ha cometido violaciones a los DD.HH, y el estallido social fue un momento particular de eso. Tenemos informes internacionales que así lo consignaron. Y se hace muy importante que también tengan su reconocimiento y creemos que es una política que debe impulsar todo el gobierno, no sólo desde Bienes Nacionales. Es importante que haya Espacios de Memoria para que no olvidemos que recientemente se incurrió en violaciones a los DD.HH. para acallar la diferencia política y la manifestación.
¿Qué énfasis se podrá en inmuebles y terrenos de CEMA Chile?
El tema de CEMA Chile, que se ha arrastrado por tantos años, pese al fin de la dictadura, ha seguido sin resolverse. Sabemos que hay una cantidad muy grande de inmuebles fiscales que fueron a parar a CEMA Chile y que se utilizaron con distintas finalidades. Algunos fueron enajenados y nunca han vuelto al fisco. Queremos revisar los procesos que han existido. Se han recuperado inmuebles, pero una de las primeras cosas que queremos hacer es revisar cómo se ha hecho. Hay inmuebles que no se han recuperado y nos interesa revisar esas situaciones, intentando avanzar en su recuperación.
No es posible que haya una privatización del patrimonio del fisco, del patrimonio que es de todas y todos. En la política que queremos, el patrimonio fiscal, inmuebles fiscales y el territorio tienen que estar al servicio de la sociedad y no al servicio de intereses privados, que además han obtenido esos terrenos gracias a una situación política privilegiada durante la dictadura. Eso sólo pudo ocurrir por la violencia política que se estaba ejerciendo.
¿Cómo se quiere abordar el polémico asunto de los acceso a playas?
Es uno de los temas por los que más se conoce a este Ministerio, y lo consideramos importante no sólo en torno a las playas, sino que el acceso de la ciudadanía al patrimonio natural y cultural. Es uno de los lineamientos que quiere impulsar el Ministerio y es uno de nuestros compromisos, poder garantizar el acceso y disfrute de toda la ciudadanía de los bienes que son de todas y todos.
Queremos seguir impulsando y fiscalizando esos accesos, sobre todo en lagos y ríos, donde recientemente se han observado más denuncias. Hay escasa capacidad de fiscalización, por el poco presupuesto y el poco personal, que además tiene pocas facultades para sancionar directamente. Tiene que pasar a través de juzgados. Entonces, es importante fortalecer esas facultades legales y, por otro lado, es importante convocar a la ciudadanía a la defensa del patrimonio común y vamos a necesitar la colaboración de todos en la denuncia.
¿Van a hacer esos ajustes legales para la sanción directa?
Vamos a tener que conversar y ver si es posible impulsar esas modificaciones. También es un tema que es de interés nacional y seguramente vamos a esperar lo que se apruebe en la Convención al respecto.
Usted hizo noticia por la firma del acuerdo del 15 de noviembre ¿Cómo ha evaluado lo que ha sucedido tras ese hito?
La posibilidad de que tengamos este proceso constituyente que estamos viviendo se ganó gracias a años de organización y lucha de la ciudadanía, organizaciones y en el contexto de la revuelta social que permitió abrir el proceso que empujó a la institucionalidad política que había estado muy cerrada. Me tocó ser parte, impulsar desde la institucionalidad que existiera un acuerdo que permitió el proceso.
La Convención es un proceso muy esperanzador, es el órgano del Estado con mayor diversidad social y política y expresa las complejidades y contradicciones del Chile actual. Está siendo cuestionada, el proceso está siendo asediado, pero somos muy respetuosos de eso. Es la Convención la que tiene autonomía para proponerle al país la regulación que irá a Plebiscito y la voluntad del Gobierno es proteger el proceso.
¿Se terminaron de limar las asperezas que produjeron la firma de ese acuerdo en el FA y Apruebo Dignidad?
Es indudable que en ese momento, que fue muy álgido, hubo diferencias al interior de la coalición, con otros partidos de Apruebo Dignidad. Pero con el tiempo, con el plebiscito, la campaña constituyente, nos hemos encontrado con esas mismas fuerzas con las que además veníamos luchando hace años.
Que en algún momento hayamos tenido diferencias tácticas sobre si era la mejor manera de avanzar, me parece que absolutamente legítimo y creo que así lo vemos con los partidos del bloque. No nos hace perder el norte, todos estamos por una nueva Constitución que pueda terminar con la Constitución dictatorial.
¿Cómo le afectó la situación de Karina Oliva y que finalmente terminó con la expulsión de seis militantes y una investigación de la Fiscalía?
La situación que vivimos en Comunes fue un golpe fuerte para nuestro partido, que es relativamente nuevo y que intenta ser un espacio para la expresión de distintas izquierdas que convoquen al mundo social organizado y que les abra un espacio en la política. El golpe por las irregularidades que cometieron un grupo pequeño de nuestro partido, que no representa la voluntad mayoritaria, fue duro. Ha tenido costos para nosotros, pero a partir de ello, el partido, que tiene una militancia honesta, ha estado reconstruyéndose y recientemente se expulsó a seis personas con un proceso disciplinario que permitió evaluar y sancionar y hoy nos estamos preparando para la elección de una nueva directiva, de un nuevo Consejo General y esperamos, a partir de eso, recuperar el sentido que nos llevó a fundar Comunes e iniciar un proceso de Congreso que nos permita dar vuelta la página y poner a disposición el partido de este proceso político y social que estamos viviendo. Queremos recuperar el partido para eso, no para intereses particulares.
Si no hubiese ocurrido aquello ¿Cree que habría sido otra la representación de Comunes en este Gobierno?
No me toca a mí hacer política ficción, pero evidentemente fue una situación que nos ha afectado políticamente, que ha afectado la imagen de comunes y el peso en nuestra coalición. Pero creemos que estamos demostrando que es un partido que se hace cargo de sus errores. Nadie está inmune de que haya sectores que cometan irregularidades, pero lo importante es la manera en que se actúa y creemos que nuestro partido actuó de manera rápida. No nos demoramos en quitarle el apoyo, tuvimos cambio en la directiva, se inició un proceso disciplinario y si bien vivimos momentos difíciles, actuamos rápido y esperamos que eso sea valorado por el conjunto de la alianza de Apruebo Dignidad y el gobierno en su conjunto. No creemos que haya razones para minimizar el rol y aporte que pueda hacer Comunes a este gobierno.