En la madrugada de este miércoles, un joven de 22 años murió en un pasaje de La Florida, luego de que vecinos, convencidos de que se trataba de un delincuente, lo atacaran, en una violenta versión de lo que se conoce como “detención ciudadana”.
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El caso impactó porque se trataría de una persona inocente, pero, como dijo el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, “en cualquiera de las hipótesis es una tragedia gigantesca”.
Sumándose a los reclamos de vecinos, fue el mismo Carter quien agregó que “esta es una demostración del fracaso absoluto de la política de seguridad pública del Estado de Chile, por el total abandono que viven los vecinos todos los días”.
Desde el gobierno, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, declaró en ADN que “estos hechos tienen que ver con la contracción del Estado, con su incapacidad para estar presente donde más se necesita. No lo vemos solo con los datos, sino con los testimonios de la gente”.
De acuerdo a una encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, el 30% de las personas considera aceptable tomar la justicia por las propias manos. Los números indican también que el índice de victimización es el menor desde 2001: el año pasado, en pandemia, el 31,6% de las personas dijo que alguien de su hogar fue víctima de algún robo.
El director ejecutivo de la organización, Daniel Johnson, aclaró en Cooperativa que “los delitos más violentos han subido 70% en los últimos seis años”.
La sensación de impunidad podría explicarse porque han aumentado considerablemente “los casos de homicidios con imputado desconocido. La gente siente que el sistema no va a cumplir, porque no van a llegar a tiempo, el trámite es largo o van a quedar libres”, agrega Johnson.
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Entregar seguridad es el camino para conseguir que estas prácticas se acaben, asegura la ministra de Justicia, Marcela Ríos: “Como sociedad, tenemos que hacernos cargo desde el Estado de generar una sensación de mayor seguridad para las comunidades”. “Pero pedimos también una reacción adecuada”, cerró.
Las dudas que rodean al caso
La Policía de Investigaciones dejó en claro que la víctima de la detención ciudadana no tiene antecedentes, por lo que no se trataría de un delincuente, aunque vecinos insistieron en que nada está claro aún.
Una de las personas comentó que “cuando uno necesita ayuda, grita, no se mete en las casas”.
Otra mujer del sector aseguró que su marido encaró a “dos tipos que estaban escondidos en los matorrales, que decían que los andaban persiguiendo en un auto, pero no había nada y andaba errático, como drogado”.
Expertos llaman a evitar excesos y respetar límites
Las “detenciones ciudadanas” están permitidas por la legislación. Eso sí, solo se debe retener a la persona, “hay un límite legal, que tiene relación con solamente detener y entregar al sospechoso a la autoridad correspondiente, en ningún caso un ajusticiamiento”, aclara el Defensor Nacional, Carlos Mora.
Un exceso en la fuerza tiene más inconvenientes que cosas positivas. La primera, como habría ocurrido ayer, es que se equivoque el blanco. El segundo es que si se cae en un delito, como lesiones u homicidio, seguramente habrá acciones legales, como las que anunció ayer la familia del afectado en La Florida.
La tercera es la posibilidad de represalias. Así lo detalla el general (r) de Carabineros Aldo Vidal: “Tras un delincuente normalmente hay una pandilla, banda o red”.
Vidal, quien es jefe del Comité Técnico de la Asociación de Empresas de Seguridad y Transporte de Valores (Aseva), aconseja que “lo ideal es solicitar la presencia de las policías o personas que cuenten con alguna instrucción”.
Para evitar venganzas ¿es mejor ahuyentar al delincuente?. Vidal contesta que sí, “pero debe ir asociada a la filmación, características, descripción y todo tipo de antecedentes útiles para la denuncia, que debe hacerse sí o sí”.
