El Pleno de la Convención Constitucional debatió ayer el informe de reemplazo emanado desde la Comisión de Derechos Fundamentales. La discusión se centró en la propiedad, muy ligado con el tema de las eventuales expropiaciones y la restitución de tierras indígenas, un debate que derivó en fuertes enfrentamientos verbales entre los representantes de la derecha y los de Pueblos Originarios (PP.OO.). También se trató la libertad de expresión y de identidad de género.
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Sobre el derecho a propiedad, se mostró la preocupación ante las expropiaciones, pues varios convencionales manifestaron que se abre la puerta a que “los políticos podamos quitarle a la fuerza la propiedad a las personas sin estar obligados a pagar al contado ni el precio justo”, como señaló en su intervención Martín Arrau (Chile Libre). Roberto Vega (Somos Región) agregó una arista, al afirmar que “se pone en riesgo la propiedad de los fondos de pensiones, que son parte del sueldo de los trabajadores”.
Daniel Stingo (Apruebo Dignidad) rebatió la idea de que el pago en efectivo y anticipado de un bien expropiado se dé por entendido, pues se incluye “en varias constituciones”, las que enumeró, “aunque debo reconocer que en otras, no”.
Este tema se trató muy relacionado con el de la devolución de tierras indígenas. Teresa Marinovic (Chile Libre) acusó que se estaba proponiendo “un derecho de propiedad para los chilenos y otros para el activismo político”. No fue la única que se refirió a los representantes de los pueblos originarios como activistas, pues tanto ella como su compañera de bancada Rocío Cantuarias pusieron en duda que realmente hablen los idiomas autóctonos que usan, por ejemplo, para saludar al iniciar las intervenciones, y que no usan el atuendo ancestral en sus fotos fuera de la Convención.
Todo esto generó la reacción de ese colectivo. Elisa Loncon respondió: “Acá hemos escuchado discursos de odio, la gente de derecha que nos maltrata no ha aprendido a escuchar ni menos respetar, se han burlado del lenguaje y nuestra vestimenta. Por nuestros niños, no nos discriminen y no mientan”.
“No hablamos nuestras lenguas porque nos exterminaron”, agregó Lidia González, representante yagán.
El asunto generó más de una respuesta pidiendo la palabra o a viva voz, interrumpiendo más de una vez a quienes estaban dando sus argumentos. La mesa debió pedir orden en varias ocasiones.
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La propuesta también trataba la libertad de expresión, que preocupó a varios convencionales, pues señala que “la ley adoptará las medidas necesarias para asegurar el pluralismo en los medios”. “Establece cosas que no son necesarias y que puede abrir el riesgo de ser mal usadas”, dijo Patricio Fernández (Colectivo Socialista).
Sobre la identidad, se propone “el derecho al pleno reconocimiento, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas”. Bessy Gallardo dijo en la defensa que “cuántas muertes más debe haber para que el Estado nos respete en nuestras formas de vida”.
Bicameralismo asimétrico pasa al Pleno tras el sí de la comisión
El acuerdo conseguido el lunes por la noche, contra el tiempo, y que refiere a la columna vertebral de la Constitución, el sistema político, dio un nuevo paso ayer, al oficializarse con el apoyo de la izquierda y centroizquierda.
La Comisión de Sistema Político aprobó los 60 artículos más relevantes, entre los cuales aparece una nueva propuesta de bicameralismo asimétrico compuesto por el Cámara de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones, en vez de Senado, además del presidencialismo atenuado, aunque sin la figura de vicepresidente o de ministro de Gobierno como se había propuesto en un momento.
El informe se votó en un solo bloque y fue aprobado con 17 votos a favor, cinco en contra, entre ellos Fuad Chahin y Renato Garín, y tres abstenciones.
También se aprobó una indicación que establece que “el poder soberano radica en el pueblo y su ejercicio se organiza y ejerce a través de la democracia representativa, participativa y comunitaria”, con 13 preferencias contra 11.
Asimismo, se dio razón a un artículo que indica que “el Estado de Chile se funda en una democracia paritaria” y añade que “todos los órganos del Estado deberán tener una composición paritaria”, que “garantizará la representación de identidades trans y no binarias”.
