El temor que rondó toda la sesión plenaria de este jueves de la Convención, cuando se analizó el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, se concretó a minutos de las 19.00 horas.

Por 98 votos a favor, 46 en contra y 8 abstenciones, los convencionales rechazaron en general el texto, por lo que este, en su conjunto, volverá a la Comisión para ser objeto de ajustes.

Se trataba de 52 artículos referentes a Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, pero a juicio de varios representantes, las normas propuestas no cumplían con el estándar esperando y varios de sus puntos, para ellos, no eran de rango constitucional.

“Venía tan malo que ni siquiera dio para entrar a votar el articulado. El tiempo corre y no se puede seguir llegando con este pésimo nivel de informes al pleno. Chile no es un experimento”, dijo Ricardo Neumann, al tiempo que Renato Garín expresó: “Se exceden algunos ecoconstituyentes. A partir de una inquietud razonable, extreman posiciones y se convierten en profetas apocalípticos anticipando los peores males si se rechaza la redacción que ellos quieren. Esta forma de ‘argumentar’ es una perfomance apuntando al enemigo”.

En concreto, como explicó Fuad Chain en su intervención, el conjunto de normas propuestas generarían incerteza jurídica, y esta, de paso, ahuyentaría la inversión. “Sin inversión no hay crecimiento ni desarrollo. Y sin desarrollo los derechos sociales van a quedar en el papel”, dijo.

Entre los puntos que generaron mayor controversia, estuvo el articulado que hacía referencia al uso del agua, pues no sólo se le reconocía su rango constitucional, sino que también se limitaba su “explotación”.

Se indicaba, entre otros aspectos, que los permisos para hacer uso del recurso, serían “inapropiables, incomerciables, intransferibles y temporales”, y también que las comunidades indígenas estarían a cargo del agua en sus territorios, siendo esta regulada “de conformidad con su derecho propio”.

Especial preocupación, también, generó el artículo 22, que establecía: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situados”.

Si bien quienes defendían el texto, al menos en su mayoría, entendían que había mejoras que hacer y que algunos artículos podían ser rechazados y devueltos a la Comisión, insistieron a sus colegas en que el informe se aprobara en general para así “no perder” toda la discusión ya dada, pero como eso no ocurrió, al término de la sesión hubo fuertes recriminaciones.

Convencionales de movimientos sociales trataron de “traidores” a sus pares del Colectivo Socialista que rechazaron, como Ramona Reyes, Tomás Laibe y Ricardo Montero, entre otros.

De igual forma, en el punto de prensa que tuvieron al salir del hemiciclo, Constanza San Juan nombró uno a uno a los representantes de izquierda que estuvieron en contra, llamándolos a justificar su votación a todas las comunidades que hoy están sin agua.

“Lamentamos que le hayan dado la espada a la ciudadanía, a las comunidades que hace años están movilizadas por grandes reivindicaciones”, sostuvo la coordinadora Camila Zárate, al tiempo que Juan José Martin sostuvo: “Había confianzas depositadas que no fueron cumplidas. Por supuesto esto trae complejidades que la Comisión va a saber remontar”.

Abren plazo para integrar Comisión de Armonización

Simbólicamente, hoy se dio inicio a la recta final del proceso constituyente, pues la presidenta del organismo, María Elisa Quinteros, llamó formalmente a integrar las Comisiones de Armonización, de Normas Transitorias y de Preámbulo.

En el caso de la primera, estará integrada por 40 convencionales, y su primera función es “velar por la concordancia y coherencia de las normas constitucionales aprobadas por el Pleno”. Asimismo, deberá elaborar informes sobre posibles incongruencias en las normas constitucionales aprobadas para estructurar la Constitución y proponer eventuales soluciones a ellas. El plazo para constituirla vence el próximo miércoles 27.

La segunda contará con 33 representantes y deberá velar por fijar los artículos necesarios que permitan transitar, de manera gradual y progresiva, de la actual Constitución a la nueva.

Y la tercera, en tanto, tendrá que estar compuesta por 15 miembros y su función es redactar el texto que aparece antes de las normas constitucionales y que da cuenta del contenido general de la Carta Magna.

Esta tendrá dos semanas de plazo para elaborar la propuesta, incorporando las iniciativas constituyentes, populares e indígenas que se hayan ingresado sobre el “Preámbulo”.