El Poder Ejecutivo debe ser neutral y no hacer campaña por el Apruebo o Rechazo para el plebiscito del 4 de septiembre. Así lo han destacado incluso desde La Moneda, pero son varias ya las denuncias de “intervencionismo”. Una es por el video que se emitió desde la cuenta de Instagram del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que destaca lo hecho por la Convención.
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El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, visitó ayer temprano al Presidente Gabriel Boric, aunque aseguró que se trataba de la visita protocolar pendiente desde que el nuevo gobierno asumió, llegó en buen momento para aclarar varios puntos.
“El deber de prescindencia que existe respecto de funcionarios y autoridades públicas está establecido en la ley”, dijo, aunque matizó que los políticos “también son ciudadanos, así que fuera de horario laboral, sin usar recursos públicos, y no estando en el ejercicio del cargo, las personas pueden manifestar sus opciones”.
En el caso del video de Instagram se contravienen los dos primeros puntos, pues se hizo cerca del mediodía de una jornada laboral, desde una oficina pública (se ve el cuadro del Presidente Boric) y podría suponerse que con red y un smartphone fiscal.
El tema es saber si lo que dicen Giorgio Jackson, ministro de la Segpres, y Camila Vallejo, vocera de gobierno, es o no propaganda en favor del Apruebo. En la imagen, Vallejo dice que “estamos contentos de los avances que ha tenido el trabajo de los convencionales. Han nacido cosas importantes, como los derechos fundamentales. Lo destacamos porque han sido décadas en que se ha venido peleando que el Estado resguarde esos derechos”.
¿Valorar lo avanzado y hablar favorablemente de ello, es un llamado alApruebo? El contralor Bermúdez contestó que “prescindencia significa neutralidad” y agregó que ha recibido varias denuncias, que cada una es un caso en sí, que analizará con su equipo jurídico.
Consultado, Jackson dice que “en el gobierno estamos comprometidos con la prescindencia. Sólo nos hemos puesto a disposición de la Convención para entregar elementos para la fase final. Eso en ningún caso constituye campaña”.
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El analista político Mario Herrera, académico del Campus Santiago de la U. de Talca, comenta que “aun cuando no es un llamado explícito para votar por alguna de las opciones, en el video se promueven los beneficios de una nueva Constitución. En tal sentido, el Instructivo de la Contraloría es explícito”.
Coincide en ese punto el analista político Nicolás Freire, de la Usach: “Como no hay una variedad de candidatos, sino una opción, la de una nueva Constitución, hablar bien del trabajo coincide desde el sentido común a un sutil llamado a votar a favor. El gobierno no debe entorpecer el proceso constituyente y se puede entorpecer incluso al dar una opinión muy favorable”.
Justo ayer, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señalaba sobre el proceso constituyente que “los temores de algunos sectores se van disipando y eso es positivo”. Es decir, Marcel también destaca lo hecho por la Convención. Al parecer, valorar no es ilícito, según indica Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servel. “No es campaña electoral, en especial en esta etapa en que se están discutiendo las normas, que autoridades opinen. Todos hemos opinado. Ni emitir opiniones personales, antes o después de los 60 días de campaña, si es personal y no pagada. Sí es campaña si un ministro, parlamentario o constituyente se parara en una esquina a repartir un volante”.
La situación de los ministros es discutible, pero quien sí tiene problemas más graves es el delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Allard, quien en una actividad pública declaró que “es de suma relevancia el plebiscito de salida, puede consagrar una Constitución en que estén reconocidos los pueblos originarios”.
Ese caso es uno de los que este lunes conocerá el contralor Bermúdez, quien tiene agendada una reunión con los jefes de las bancadas de la oposición, que llegarán, seguramente, con todas las denuncias. En esa cita se tocará, además, la denuncia contra la ministra del Interior, Izkia SIches, por no denunciar el -supuesto- vuelo con expulsados que habrían regresado al país.
