Pleno rechaza “trabajo decente” y cupo reservado a discapacitados

La última opción para que se aprobaran sus normas tenía ayer la Comisión de Principios Constitucionales, Nacionalidad y Ciudadanía, que exponiendo ante el pleno de la Convención Constitucional, cerraba su trabajo de redacción de propuestas, la primera comisión en terminar esta labor.

Las ideas fuerza que los promotores defendían eran el derecho a un trabajo decente, el principio de no devolución de migrantes hacia su país si es que su vida corría peligro y derechos de niños y discapacitados.

Pese a eso, buena parte de la discusión se la llevó el principio de plurinacionalidad del Estado, que no era fundamental incluir en el texto. “Ya se había aprobado en la Comisión 1 y por eso muchos la rechazaron, para evitar que se repitiera. Ya verá la Comisión de Armonización dónde la ubica, al principio, o en Sistema Político”, explicó tras las votaciones una de las coordinadoras, Lorena Céspedes (Indep. por una Nueva Constitución).

“El texto persiste en dividir y condenar al subdesarrollo, debilita la democracia”, expresaba Martín Arrau (Chile Libre) a lo que Jorge Baradit (Frente Amplio) refutaba: “La propuesta de Constitución dice que somos todos chilenos, que el país es uno e indivisible, no es cierto lo que dicen”. “Robustece la democracia”, señalaba Carolina Videla (Chile Digno); y “son privilegios” para estos pueblos, decía Pollyana Rivera (Unidos por Chile).

Sí pasó al borrador que las normas establecidas en los tratados internacionales de Derechos Humanos, ratificados por Chile y el consuetudinario, forman parte integral de esta Constitución. “Esto cubre cualquier omisión e imperfección en la que hayamos incurrido como Convención”, manifestó Roberto Celedón (Chile Digno).

El derecho a un “trabajo decente” era un nombre llamativo para un artículo que en su primer inciso incluía la labor del Estado en promover la protección del trabajo y su libre elección, la generación de oportunidades laborales y estabilidad en el empleo, la libertad sindical y el diálogo social, aristas que no lograron consenso.

En tanto, el tema de inmigración volvió a ser tratado en el Pleno, aunque no se votó, pues no hubo propuesta renovada, respecto del derecho a migrar, por falta de acuerdo dentro de la Comisión.

“Es una lástima, pero los derechos al asilo y a la no devolución, al menos, se aprobaron”, declaró Céspedes. La idea igual podría ser norma constitucional si ingresa en las propuestas de la Comisión de Derechos Fundamentales o, en último caso, si está consagrado en un tratado internacional.

Sobre el principio de la no devolución, quedó establecido que basta con que el migrante sea solicitante de asilo o refugiado para tener derecho a no ser regresado por la fuerza a las fronteras del estado donde su vida o libertad puedan verse amenazadas.

También se rechazó el texto que indicaba que el actuar del Estado es neutral entre las diversas convicciones y creencias religiosas. Luciano Silva (Indep.-RN-Evópoli), incluso, aseguró que la norma afectaría la libertad de los padres de elegir la educación de los hijos.

En temas de discapacidad hubo menos discusión: se dio luz a que se garantice, en diferentes artículos, un sistema nacional que elabore y coordine las politicas de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado de estas personas, así como su participación activa e incluso el derecho a comunicarse a través de sus lenguas.

Sin embargo, no se aceptó que el estado garantice su representación en cargos de elección popular con escaños reservados o cuotas.

Asimismo, hubo acuerdos en temas de niños, niñas y adolescentes. Se garantizará su derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que les permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad y queda en la norma que el Estado deberá evitar que sean separados de sus familias, salvo como medida temporal. Se establece también un sistema de protección integral.

Como balance de toda la labor, la coordinadora Loreto Vallejos (Pueblo Constituyente) expresó que “estamos muy contentas porque nunca se han tratado estos temas en constituciones previas. Si la Constitución se aprueba, estarán protegidos los derechos de los que hoy son los más vulnerados por los sistemas y las políticas públicas”.

“Plan B”: Boric aclara ideas y la UDI hace propuesta

Si gana el Rechazo en el plebiscito de septiembre, deberá simplemente seguir en vigor la actual Constitución. Sin embargo, desde diferentes sectores, ya se habla de más de un “Plan B”.

Incluso la UDI lo piensa, aunque como declaró su presidente, Javier Macaya, no estaría claro el formato: “Si esta Convención no ha funcionado, no repetiría un ejercicio que ha sido distante del sentido común y la realidad de los chilenos”.

El asunto ganó fuerza luego de que el propio Presidente Boric señalara el domingo en TVN que el tema “es algo que estamos discutiendo, hay que anticiparse a los escenarios”. Ayer, el Mandatario aclaró sus palabras y dijo que “hay solamente dos opciones, aprobar o rechazar”.

Tras el Comité Político de ayer en La Moneda, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, decartó la idea: “No hemos conversado eso, Nosotros vamos a trabajar para ganar. Los gobiernos deben ponerse en todos los escenarios, en todos los temas, pero como partidos de gobierno tenemos claro que nuestro norte es ganar el Plebiscito”.

Desde la propia Convención, su presidenta, María Elisa Quinteros, le quitó gravedad al “Plan B”. “Es adecuado que el Presidente tenga su plan A, B, C o Z. Nos parece de toda lógica que se ponga en todos los escenarios para una buena conducción del país”, manifestó.