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Cámara de Diputados aprobó Acuerdo de Escazú: Ahora continúa con su discusión en el Senado

El acuerdo es el primer acuerdo medioambiental exclusivo para América Latina y el Caribe.

Presidente de la Republica firma proyecto de acuerdo para aprobar el Tratado de Escazu Santiago, 18 de marzo de 2022. El Presidente Gabriel Boric junto a las ministras de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola y de Medio Ambiente, Maisa Rojas, firma proyecto de acuerdo para aprobar el Tratado de Escazu en el Patio de Los Naranjos, Palacio de La Moneda. Javier Salvo/Aton Chile (JAVIER SALVO/ATON CHILE/JAVIER SALVO/ATON CHILE)

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que busca la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, iniciativa que tiene por objetivo garantizar el acceso a derechos ambientales.

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El acuerdo no fue suscrito por el expresidente Sebastián Piñera, por lo que el Gobierno de Gabriel Boric debió iniciar un proyecto de ley para poder sumarse al acuerdo internacional.

Con la aprobación del proyecto en la sala de la Cámara Baja, su tramitación continuará ahora en las comisiones del Senado.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, como es llamado oficialmente, fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.

Este es el primer acuerdo ambiental regional de Latinoamérica y el Caribe, además de ser el primero en el mundo en regular disposiciones específicas relacionadas a la protección de defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales.

Según la información publicada en Unicef, “una herramienta pionera en el contexto de la protección ambiental y los Derechos Humanos que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de la región”.

Este acuerdo dentro de sus principios considera como objetivo que las personas tengan acceso a la información ambiental y sean parte del proceso de toma de decisiones ambientales, además de tener la oportunidad de acudir a la justicia en caso de ver afectado el medio ambiente.

Asimismo, promueve la defensa de los derechos de los defensores ambientalistas y el respeto por los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales.

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