Este martes desde la Defensoría Penal Pública revelaron que durante el 2021 se llegó a la cifra récord de 121.342 personas absueltas o sobreseídas, la más alta desde los inicios de la reforma procesal penal, constituyendo el 30,3% del total de causas terminadas el año pasado.
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Los insólitos datos fueron presentados por el propio Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, durante la primera Cuenta Pública de su gestión, en la que destacó los 21 años de funcionamiento del sistema de justicia penal.
Ante la extraordinaria alza de la cantidad de inocentes, la autoridad máxima de la entidad apuntó que el 55% de las personas que resultaron ser inocentes fueron imputadas por delitos vinculados a infracciones sanitarias, como infringir cuarentenas y toques de queda.
Número al que se llegó luego de que el organismo interpuso una serie de recursos ante la Corte Suprema que, tras una posterior confirmación del Tribunal Constitucional, determinaron que los ingresos masivos al sistema por infracciones sanitarias se resolvieran sin una condena penal.
“A inicios de la pandemia, la política criminal adoptada por el ministerio público consistió en utilizar la figura del art. 318 del Código Penal para perseguir infracciones sanitarias relativas a los incumplimientos de cuarentena y permisos de movilidad. Lo anterior generó un ingreso y recarga masiva del sistema penal, utilizando la herramienta penal para controlar un fenómeno sanitario. Posterior a que la Defensoría Penal Pública acudiera a los máximos tribunales del país, se confirmó la tesis que siempre habíamos sostenido”, señaló Mora.
En la misma línea, lamentó que esta situación finalmente “distorsionó el funcionamiento regular del sistema, e impactó alterando las estadísticas históricas de ingresos y cargas de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal”.
“Uso excesivo de prisión preventiva”
El Defensor Nacional aseguró que desde la entidad ya han denunciado un “uso excesivo” de la prisión preventiva. Y a pesar de que de las 310.723 causas que ingresaron a la Defensoría Penal Pública, solo 15.321 quedaron en dicha medida cautelar (una baja del 16,4% respecto a 2020), aseguró estar preocupado por los 121 imputados que llevan más de dos años privados de libertad esperando un juicio, superando el límite legal
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“La Defensoría ha advertido reiteradamente que un uso excesivo de la prisión preventiva puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que -eventualmente- terminarán condenadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ninguna sanción por ser absueltas de todo cargo”, sostuvo la autoridad máxima del organismo.
“El desafío, entonces, es tener siempre presente que las medidas relativas a la privación de libertad no pueden resolverse en legislaciones rápidas o también llamadas agendas cortas, sino que debe obedecer a políticas públicas cautelares pensadas, diseñadas y aplicadas desde los principios, pues son estos los cimientos de cualquier normativa democrática”, explicó.
Ante esta situación, Mora agregó que como Defensoría llevan varios años trabajando para combatir el uso abusivo de la prisión preventiva, lo que se refleja en la tasa de solicitudes de revisión de esta medida cautelar la que pasó de un 40% en 2018 al 60% en 2021.
