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Consejo para la Transparencia ofició a Segpres y a universidades por transferencias a la Convención

El objetivo del oficio es obtener el detalle del monto, fecha y uso y destino de los fondos entregados al órgano constituyente.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ofició al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) para obtener información sobre transferencias de recursos públicos destinados a la Convención Constitucional desde su instalación.

La solicitud también fue realizada a las universidades privadas y a aquellas que forman parte del consorcio de universidades estatales, las que tienen 10 días hábiles para responder.

Según explicó la entidad en un comunicado, el objetivo es obtener el detalle del monto, fecha y uso y destino de los fondos entregados al órgano constituyente, así como también documentos e información sobre convenios y cualquier otro antecedente relativo al uso o transferencias de recursos públicos.

El presidente del CPLT, Francisco Leturia, afirmó que “fue la propia Convención la que a través de su reglamento estableció ciertas exigencias en materia de transparencia y publicidad, acceso a la información pública y amparos al ejercicio de dicho derecho, y esas normas deben aplicarse y garantizarse”.

”La finalidad de estas acciones es promover que se cumplan altos estándares de transparencia y publicidad en dinámicas y procesos de decisión, así como en todas las acciones de la Convención Constitucional”, añadió.

Recordando que los convencionales de Vamos por Chile habían pedido un pronunciamiento sobre el acceso a la información en materias del órgano constituyente, Leturia explicó que “la Convención es autónoma, pero es autónoma en su accionar y en sus decisiones, pero ello no quiere decir que no tengan que rendir cuentas del uso de recursos públicos”, consignó.

”Todos los chilenos y chilenas tienen el derecho a saber si la convención está usando bien los recursos públicos. El Consejo está alerta y seguiremos atentos a su accionar en lo relativo a la apertura de información y antecedentes sobre actos administrativos, las personas merecen tener información sobre la utilización de recursos públicos”, cerró

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