En la Macrozona Sur a las históricas reivindicaciones indígenas se le han sumado la delincuencia y la muerte. El gobierno busca soluciones, que deben venir, aseguran los expertos, desde la fase judicial hasta el apoyo de fuerzas incluso civiles. La nueva Constitución también aportaría.
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El diputado por la zona Stephan Schubert (Ind. Partido Republicano), asegura que es clave “separar claramente las demandas de los pueblos originarios de los actos y grupos terroristas”.
El gobierno ha sido enfático en señalar que perseguir a los delincuentes que se escudan en la lucha indígena es crucial. La Moneda ya ha recurrido a la Ley de Seguridad Interior al sumarse a las querellas, una medida importante, asegura el abogado penalista Sebastián Morando, socio de GMS Legal: “Esa ley permite a los Tribunales acelerar los procesos y sentencias”.
Además, Morando detalla que es fundamental que los delitos no sean percibidos como actos políticos, porque “las acciones políticas de por sí, no son delitos, por lo tanto en democracia no se puede condenar por acciones u omisiones políticas. En cambio, todo delito es punible y sancionable”.
En temas de seguridad, el sector privado también puede aportar, añade el presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada (Aseva), Patricio Undurraga, quien propone “un trabajo conjunto. La seguridad privada puede generar acciones que vayan en apoyo a las medidas preventivas, siempre con la responsabilidad de la autoridad de brindar resguardo para sus vidas”.
La diputada Carla Morales (RN) tiene claro que, además de perseguir a los criminales, “se puede avanzar en otras soluciones para las personas que viven en la zona, porque La Araucanía es una de las regiones más pobres del país (ver nota secundaria). Hay ahí una tarea pendiente de avanzar en infraestructura, conectividad, educación, entre otras materias”.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, valora el aporte del borrador de Constitución (ver nota aparte). La convencional de Pueblos Originarios Elisa Loncon destaca que se haya aprobado “el principio de la interculturalidad, que permitirá avanzar en diálogos profundos, de respeto al otro como legítimo otro, nadie es superior. Por otra parte, es fundamental la norma que permite la restitución de las tierras, porque sin tierras desaparecen los pueblos, las culturas, las lenguas. Y por cierto, el reconocimiento de los derechos lingüísticos”.
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Loncon da una lección de cómo avanzar a la paz, pues aunque algunas ideas clave no fueron aprobadas, cree que “fue para todos y todas los convencionales igual, hubo anhelos que quedaron fuera, pero eso no lo veo como algo negativo, sino como producto del diálogo y los acuerdos”.
El impacto a la economía en una zona de alta pobreza
Vivir en una zona azotada por la violencia no solo tiene consecuencias sociales, sino también económicas, en una de las zonas más pobres del país.
“No necesariamente la pobreza es causa ni consecuencia de la violencia”, dice Patricio Gana, director de AK Contadores, pero “sí es una de las razones por las que no se sale de la pobreza, aunque hay otros factores también”, explica.
Y no se avanzará sin inversión. El economista de la U. de Barcelona Rodrigo Palma Quezada, director ejecutivo de RPBM Consultores, manifiesta que “los inversionistas y negocios requieren tomar sus decisiones a partir de los riesgos que implica. Para ellos, el aumento de la inseguridad afecta negativamente al riesgo de las inversiones y hace más complejas las operaciones, encareciéndolas, muchas veces a tal punto que deben cerrar porque se aumenta el riesgo al nivel de no hacer factible el proyecto”.
Cristián Allendes, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, un sector fuertemente afectado por la delincuencia rural, declaró que “la violencia se está haciendo cotidiana, no puede ser normalizada y por eso se deben tomar medidas de forma urgente”.
Su industria y la forestal han sido golpeadas, pero no son los únicos, el turismo también ha sufrido ataques a sus instalaciones. Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), opina que “la inseguridad mata el turismo en cualquier parte del mundo. Hasta antes del estallido de 2019, los indicadores de seguridad pública eran un activo de Chile, pero eso se ha ido perdiendo”.
TRES PREGUNTAS A
Manuel Monsalve, Subsecretario del Interior.
“Es posible un acuerdo con las forestales por las tierras”
¿Qué tan complicada es una solución real a la reivindicaciones? El gobierno lo entiende como un conflicto político-histórico, que tiene una serie de demandas, de carácter político, económico, social, cultural, de reconocimiento. Creo que es posible responder a esas demandas de manera sustancial; por ejemplo, lo que se está dando en el proceso constituyente, que ha planteado en la propuesta un reconocimiento a la condición plurinacional del Estado chileno, el derecho a la autonomía, a la autodeterminación, a la pertinencia en materia jurídica de los pueblos originarios y en particular del pueblo mapuche. Con esto se está demostrando que es posible.
¿Y en el caso de la restitución de tierras? También para el gobierno es un elemento central dentro de su plan de respuesta al problema político-histórico. Y es posible que, en conjunto, las instituciones del Estado y el sector privado, particularmente las forestales, puedan construir un acuerdo que permita una restitución justa de tierras que tienen el carácter de ancestrales.
¿Cómo cree usted que perciben los ciudadanos de la zona a los grupos violentos? Creo que hay un rechazo mayoritario, si no casi unánime. En eso no hay matices. No los ven como héroes, no los ven como luchadores sociales; los ven como organizaciones criminales que cometen delitos que ponen en cuestión no sólo la seguridad de los ciudadanos de las regiones del Biobío y La Araucanía, sino también ponen en riesgo su integridad física y su vida.
