La defensa de un exmarino argentino acusado de haber participado en una masacre en la que fueron fusilados prisioneros políticos en una base militar de la Patagonia en los años 70, admitió el lunes que fue una tragedia, pero aseguró que no estuvo planificada.
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“Lo que pasó fue una tragedia, pero no una matanza extrajudicial”, expresó Steven Davis, uno de los abogados de Roberto Guillermo Bravo, el exmilitar que durante casi cinco décadas evadió la justicia de su país y ahora enfrenta un juicio en Miami. “Vamos a mostrar que todo lo que pasó fue en defensa propia”.
Las declaraciones de Davis tuvieron lugar durante los alegatos iniciales del juicio contra Bravo que empezó a ventilarse el lunes en la corte federal del centro de Miami, casi 50 años después de la llamada “Masacre de Trelew”, que sucedió en agosto de 1972. Es la primera vez que el exmilitar enfrenta la justicia ya que las leyes de su país le impiden ser juzgado en ausencia.
Bravo, quien tiene 79 años y vive libremente en Estados Unidos desde hace años, estuvo sentado en la audiencia por primera vez junto a familiares de dos de las víctimas del fusilamiento. Lucía serio, pero tranquilo. Vestía traje negro, camisa blanca, corbata con rayas negras y rojas y un broche de metal con la bandera estadounidense en una de las solapas de su saco. Llevaba su cabello blanco tomado atrás en una cola de caballo.
De acuerdo con la demanda presentada en octubre de 2020 en el sur de Florida, Bravo y otros militares “dispararon y mataron a 16 prisioneros políticos desarmados e hirieron de gravedad a otros tres” que luego desaparecieron. También participaron en torturas y ejecuciones extrajudiciales que violaron leyes internacionales y de Estados Unidos.
El juicio es presidido por la jueza Lauren Fleisher Louis y siete jurados serán los encargados de emitir un veredicto sobre la responsabilidad de Bravo.
Bravo es el único de los acusados que aún no ha enfrentado a la justicia. En Estados Unidos, la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura permite acciones judiciales si los acusados están en este país. El ex marino se fue de Argentina en 1973. Primero se desempeñó como agregado militar y después de jubilarse se quedó a vivir aquí. Se naturalizó estadounidense en 1987.
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La demanda civil fue presentada por Raquel Camps, Eduardo Cappello, Alicia Krueguer y Marcela Santucho, familiares de cuatro de las víctimas. Los demandantes buscan una recompensa económica por los daños que habría provocado el supuesto papel de Bravo en la matanza y un jurado será el encargado de determinar la responsabilidad del exmarino.
En la dictadura de Lanusse
“Este fue un acto malvado... este caso pide justicia”, dijo Ajay Krishnan, uno de los abogados de los demandantes, al presentar sus alegatos iniciales frente los siete miembros del jurado. “Los demandantes tienen que ser compensados por el sufrimiento terrible que les ha causado Bravo”.
Krishnan manifestó que mientras sus clientes enfrentaban el dolor de la muerte de sus familiares en Argentina, Bravo tenía una vida segura y próspera en Estados Unidos e incluso pudo regalarle a sus nietos cerca de 1,5 millón de dólares.
Sentados junto a Krishnan y otros abogados estaban Cappello y Camps. Los otros dos tienen previsto ofrecer su testimonio a través de videos grabados.
La masacre sucedió durante la dictadura del general Alejandro Lanusse. Unos años antes habían empezado a operar en Argentina grupos guerrilleros identificados con la izquierda y el peronismo, la fuerza política liderada por Juan Domingo Perón, quien estaba proscrito y en el exilio en ese momento.
