“Body Scan es un sistema 100 veces menos peligroso que una radiografía y es una tecnología probada hace alrededor de 10 años en nuestro país”. Son parte de los alegatos que algunos diputados RN emitieron para solicitar al Ministerio de Salud que explique la decisión que informaron a través de un oficio de la Subsecretaría de Salud, dependiente del Minsal.
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El documento indica que el organismo puso pausa a los escáneres corporales, conocidos como “body scan”, disponibles en algunas cárceles chilenas y centros del Sename. Esta tecnología permite detectar drogas, armas o celulares en quienes visitan a los reclusos sin necesidad de una revisión por contacto.
Según el texto la subsecretaría “ha determinado expresamente no realizar nuevas autorizaciones a body scan por rayos X fuera de la autorización ya expresada para la PDI en aeropuertos y en pasos fronterizos”.
Asimismo, añade que “dictamina dejar sin efecto lo instruido (…) el 27 de junio de 2019, de la Subsecretaría de Salud Pública, en el cual autorizó Body Scan por rayos X instalados en 10 establecimientos de gendarmería y en 2 establecimientos del Sename”.
La medida, firmada por el subsecretario Cristóbal Cuadrado, apunta como motivos los posibles riesgos a la salud de las personas y el respeto a los derechos fundamentales.
“A los riesgos para la salud de las personas, por exposiciones a radiaciones ionizantes con fines NO médicos, se suman los derechos fundamentales, ya que, la incorporación de esta tecnología en establecimientos penitenciarios y en establecimientos del Sename, atenta los derechos humanos y la convención nacional de niños, niñas y adolescentes (NNA)”, asegura el documento publicado por El Líbero.
El escrito expresa que “atendiendo el rol protector de la salud de las personas que tiene el Ministerio de Salud y el resguardo de los derechos fundamentales”. Cabe destacar que los body scan están disponibles en varios recintos penitenciarios del país desde 2012.
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Diputados RN no están de acuerdo
Luego de la difusión de la medida, los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, Ximena Ossandón, María Luisa Cordero, Andrés Celis, Diego Schalper y José Miguel Castro, enviaron un oficio a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, solicitaron la información en que el ministerio se basó para dejar sin efecto la utilización de los body scan.
Según se lee en el escrito, “esta tecnología brinda dos beneficios muy relevantes. En primer lugar, logra evitar la revisión física cuando se sospecha o existen indicios de que la persona externa al penal y que hará ingreso a él porta elementos prohibidos, tales como drogas, armas o equipos telefónicos”.
“Como se sabe, estos suelen ser ingresados en partes íntimas del cuerpo humano, por lo que su detección mediante este sistema es una actividad positiva que protege la intimidad de la persona controlada y es más condescendiente en términos sanitarios al evitar el contacto físico”, indica el texto.
“En segundo lugar, posee una mayor capacidad de detección de tales elementos prohibidos, habida consideración de que, como se sabe, hoy proliferan al interior de las cárceles elementos como equipos telefónicos, armas de distinto tipo y sustancias prohibidas, las que incentivan una mayor criminalidad tanto al interior de la cárcel, como desde esta hacia el exterior”, añadieron.
“Esperamos que sea revertida esta absurda decisión”, aseguraron. Según argumentó el diputado y jefe de bancada RN, Andrés Longton, “es realmente insólito y un despropósito, en un momento donde el gobierno debería estar en una cruzada contra el crimen organizado y el narcotráfico, que la Subsecretaría de Salud le quite una de las pocas herramientas eficientes que tiene Gendarmería para controlar el ingreso de drogas y armas dentro de las cárceles. Con esto, están convirtiendo las cárceles en un lugar cada vez más cómodo para delinquir y eso es inaceptable”.
Y agregó: “Nunca hay que perder la capacidad de asombro con este gobierno. Esperamos que sea revertida esta absurda decisión. Insistiremos ante el Ministerio de Justicia por todas las vías necesarias para que así sea”.
Mientras que su par, el diputado Andrés Celis Montt, dijo: “No entiendo la razón de eliminar una herramienta que es sumamente efectiva para detectar elementos prohibidos, evitando un procedimiento invasivo de inspección. Lo que debemos buscar es garantizar la seguridad al interior de las cárceles, inhibir el contrabando y avanzar tecnológicamente para cubrir las necesidades que tiene Gendarmería y no lo contrario.”, agregó luego.
Por su parte, el diputado e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, José Miguel Castro aseguró que el “Body Scan es un sistema 100 veces menos peligroso que una radiografía y es una tecnología probada hace alrededor de 10 años en nuestro país”.
La diputada Ximena Ossandón, en tanto, argumentó que “me parece que es una pésima medida y refleja un desconocimiento total de la realidad que se vive en los Centros Penitenciarios, ya que, por un lado, expone a los funcionarios y a los internos, y, por otro lado, alienta al crimen organizado dentro de las cárceles. Sería bueno conocer cuáles son las medidas que van a implementar para reemplazar este mecanismo. No creo que estén dispuestos a volver a los exámenes físicos”.
Finalmente, los diputados solicitaron que la jefa de la Cartera de Justicia, entregue los siguientes antecedentes:
– Existencia de alguna evaluación o informe por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o de Gendarmería de Chile en relación con la conveniencia de la decisión de la Subsecretaría de Salud Pública, consistente en prohibir el uso de escáner corporal. De no existir, elaborarla y remitirla.
– Remitir información acerca de la eficiencia de la utilización de escáner corporal en centros penitenciarios y centros del Sename en los que son empleados, remitiendo si existiera un informe de casos en los que han evitado el ingreso de elementos prohibidos al interior de los mismos.
– Costos totales reajustados que tuvo la adquisición de dichos elementos, y destino de los mismos una vez que se suspenda su empleo.
– Inconveniencia de realizar registros corporales, e informes relativos a su compatibilidad con el ejercicio de los derechos fundamentales.
