“El presupuesto era deficiente, porque era un presupuesto que se hizo dentro de una oficina y a nosotros nos correspondió ahora adecuar ese presupuesto a las necesidades concretas”. dijo en septiempre del año pasado la entonces presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon (Pueblo Mapuche).
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Por eso, el diario La Tercera se dedicó a investigar exhaustivamente cuáles fueron las razones de esa adecuación y se encontraron con varias sorpresas. ¿Por qué la mesa directiva de la Convención solicitó al gobierno de Sebastián Piñera dos mil millones de pesos adicionales al presupuesto con el que contaban para funcionar.
Pues bien, según La Tercera, que revisó distintos informes, el órgano constituyente gastó $ 17.359.191.000 en diez meses de funcionamiento.
Según detalló la misma investigación, “el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados en junio de este año, a la Convención se le asignaron $ 10.584.592.005 en el marco de la Ley de Presupuestos 2021, y otros $ 5.283.830.995 a través del Presupuesto de 2022. Pero, además, a partir de un incremento de la misma ley, el órgano constituyente recibió otros $ 6.406.045.000 para gastos en personal, bienes, servicios de consumo, entre otros. De esta forma, en total el presupuesto de la Convención para sus 12 meses de actividad bordeó los 22 mil millones de pesos”.
De todas maneras, la publicación hizo un detalle más extenso de los gastos, sobre todo los costosos: Los informes detallan que el ítem en que más dinero se ocupó fue en personal, con un total de $ 5.867.849.000. Cabe recordar que, además de los convencionales y sus asesores, en la Convención trabajaron secretarios, abogados, periodistas, diseñadores, guardias de seguridad, entre otros funcionarios.
Asimismo, se ocuparon $ 3.952.465.000 en “bienes y servicios de consumo” durante el período de tiempo registrado, y otros $ 5.603.553.000 en “transferencias corrientes”. Dentro de estas transferencias, un total de $ 1.763.821.000 se utilizaron en actividades de participación ciudadana y difusión, entre otras cosas, que revelaron en la publicación.
