Jorge Contesse ha dedicado su carrera al análisis constitucional comparado; es decir, de diferentes países. Pero ahora la médula de su campo de estudio la vive más de cerca, pues es Chile el que atraviesa un proceso en busca de una Carta Magna; y de lejos a la vez, pues está afincado hace tiempo en Estados Unidos. El abogado aterriza hoy en Santiago y participará, mañana, del seminario “Hablemos de Constitución” de Espacio Público.
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¿Qué es lo mejor de la propuesta constitucional?
—Al definir al Estado como “social y democrático de derecho” es una Constitución que cambia el régimen político y social con el que hemos vivido las últimas cuatro décadas.
¿Y qué no quedó bien?
— Hay redacciones en el texto que al permitir interpretaciones no razonables requerirían ajustes, de manera de despejar dudas y preocupaciones.
¿Deja mucho espacio para las interpretaciones?
—Yo distinguiría las interpretaciones razonables y de buena fe, que son propias e inherentes de cualquier práctica constitucional democrática, de aquellas que hemos visto estas semanas, que son extremas y que ningún jurista que cuide su reputación profesional podría sostener. Si nos tomamos en serio el texto, el espacio para interpretaciones es el que toda Carta Magna debe tener, pues las constituciones son por definición textos abiertos, que deben poder acomodarse a los cambios sociales que toda comunidad política vive. Ahí me parece que el texto cumple satisfactoriamente con lo que debe esperarse de él.
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Se ha criticado que tiene “muchos derechos y pocas obligaciones”.
— Lo propio de las constituciones es que, junto con organizar el poder, contengan un catálogo de derechos, no de deberes. Si bien hay constituciones que contienen deberes, como la sudafricana de 1996, no es lo usual. La proporción de derechos y deberes en la propuesta chilena es más que razonable.
¿Cómo cree que la propuesta responde a la normativa internacional?
— La propuesta avanza en algo fundamental, que es determinar inequívocamente el valor que tienen los tratados o instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Durante la vigencia de la actual constitución, la jurisprudencia ha tenido vaivenes que la claridad de la norma propuesta permitirá ahorrar. Ello es un avance importante.
¿Cuál es la mejor manera de escribir una constitución: comisión de expertos, Congreso, convención popular?
—Siempre he creído que la mejor manera es una asamblea constituyente. Participé hace 10 años del movimiento AC porque entonces -y hoy- estaba convencido de que ese es el procedimiento más justo, solo por debajo, quizá, de un sistema de sorteo, completamente aleatorio.
¿Cree que lo que vio la gente de la Convención, las peleas, por ejemplo, hizo daño?
—Es indudable que los excesos y exabruptos que, a pesar de ser minoritarios, fueron transmitidos en tiempo real y amplificados también por los medios de comunicación, causaron daño al proceso. Lo virtuoso es que el plebiscito no es un acto de aprobación al mérito personal de quienes integraron la Convención, sino al producto que de allí emanó. En ese sentido, me parece que “la idea” de una nueva Constitución sigue tan vigente como en 2020.
Con tantos artículos y temas, ¿en qué se debe basar un indeciso para definir su voto?
—La pregunta en ese caso debiera ser: ¿con este texto, podemos avanzar en los cambios que el país requiere, para caminar hacia la certeza, justicia y paz social que queremos, o es mejor mantener la Constitución vigente, con las virtudes, a mi juicio, muy menores, y los problemas por todos conocidos y que estallaron en 2019? Me parece que eso debemos preguntarnos: entender la propuesta como un punto de partida, no de llegada, y un punto que permite avanzar en lugar de frenar los avances.
Viendo lo estrecho de las encuestas y la polarización, ¿la legitimidad de una constitución no depende de tener una aprobación muy mayoritaria?
—Para que una constitución tenga legitimidad social, se requieren dos cosas: que sea producto de un procedimiento legítimo y que en el tiempo pueda generar una práctica que la legitime. En ambos aspectos, la Constitución del ‘80 falla: es producto de una dictadura y ni aun con las reformas hechas en democracia se pudo legitimar. La propuesta viene de un procedimiento que los especialistas en derecho constitucional comparada admiran, y tiene las herramientas normativas que permitirán, en mi opinión, generar una práctica constitucional virtuosa y democrática, no porque sea perfecta, sino porque permite correctamente que se perfeccione en la medida que sea necesario.
Por tanto, ¿cómo debería seguir el proceso si gana el Apruebo estrechamente?
—Con un triunfo del Apruebo, lo más importante que sigue es la puesta en marcha de la nueva Constitución. Son muchas las leyes de implementación que se requerirán y en ellas veremos cómo se van materializando los desafíos que en el texto de la nueva Constitución nos imponemos como sociedad. Ese proceso tomará tiempo y bien que así sea.
¿Cómo debería seguir el proceso si gana el Rechazo?
—Como queda vigente la Constitución de 1980, y todos parecen estar de acuerdo que ella está muerta, sería necesario un nuevo proceso, dada la voluntad inequívoca manifestada en octubre de 2020: que Chile tenga una nueva Constitución y que ella sea redactada por una asamblea constituyente.
Al Apruebo se le ha sumado la idea de “Aprobar para reformar”; y al Rechazo, que ya no sería mantener la Constitución del ‘80. ¿Hay falta de certeza de por qué se está votando?
—En caso de imponerse el Rechazo, si se quisiera avanzar en los cambios más fundamentales que introduce la propuesta, se requeriría la concurrencia de ese sector, que nunca ha estado disponible. Por lo tanto, si queremos reformar o perfeccionar, ¿qué es mejor: partir de la propuesta constitucional, con los mecanismos institucionales que abren formas de participación, o de la Constitución de 1980, con todos los obstáculos que tiene? Ahí no tengo ninguna duda que es mejor hacerlo a partir de la nueva constitución.
¿La propuesta es a la medida del actual gobierno o para cualquier futuro presidente?
—Para cualquiera, de izquierda o derecha, que crea que el Estado no debe ser subisidiario, sino uno que se toma en serio las promesas de igual ciudadanía, los derechos sociales y la inclusión de grupos históricamente postergados. Es un salto cualitativo para Chile”.
Sobre el momento de la redacción, post estallido, el abogado dice que “desde EE.UU. 1787 hasta Sudáfrica 1996, es raro que una nueva carta se dicte en tiempos de normalidad institucional. Lo importante es si es posible encauzar institucionalmente una crisis social, y en ello Chile dio un ejemplo al mundo, pase lo que pase el 4 de septiembre.
