Este lunes se conocerá el resultado de los primeros test de drogas realizados hace algunas semanas por alguno de los 78 diputados y diputadas sorteados en el Congreso Nacional, como parte de la implementación del nuevo reglamento de la Cámara Baja en materia de transparencia.
PUBLICIDAD
Según explicó la instancia, el encargado de dar a conocer la información respecto del resultado de estos test es el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, quien deberá entregar estos resultados a los jefes de bancada de cada coalición política.
En esta primera instancia, se sabe, fueron designados por sorteo 78 parlamentarios, quienes tienen el derecho a que no se haga pública la sustancia -de ser positivos- que arroje el test.
Reacciones de diputados y diputadas
“Esperamos dos cosas. Primero, que ojalá no haya parlamentarios que den positivos de droga, y en caso de haberlos, se podrá analizar las cuentas corrientes de aquellas personas que salgan positivo, y esperamos que al mismo tiempo se inhabiliten ellos mismos”, afirmó el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma.
“No pudimos hacerlo en la reforma legal para acotar todas aquellas leyes relativas a la ley de tráfico de drogas, a la ley 20.000, en aquellas normas sobre el crimen organizado; y que lo hagan tanto aquellos que salieron positivo como aquellos que se han negado a realizarse el test”, agregó Coloma.
Ojalá no haya parlamentarios que den positivos de droga, y en caso de haberlos, se podrá analizar las cuentas corrientes de aquellas personas que salgan positivo.
— Juan Antonio Coloma
“Esto dio como resultado un muy mal reglamento, pero que incluso así ese mal reglamento ha sido vulnerado en su instalación”, se quejó, por su parte, la diputada independiente Ana María Gazmuri.
“Sin ir más lejos; el haber leído a viva voz en el hemiciclo los nombres de la mitad de los primeros parlamentarios que salieron sorteados, eso vulnera el numeral 1 del artículo 6 del propio reglamento. Más allá de que la concepción, la forma en que está planteado este propio reglamento, que vulnera el derecho a la vida privada; a la intimidad; a la ley de derechos y deberes del paciente, que eso es lo más importante, tiene además en su implementación muchos muchos fallos”, insistió Gazmuri.
“Entonces, eso nos ha llevado por un lado a la vía judicial, mediante el recurso de protección, pero por otro lado también a todas las acciones administrativas internas”, finalizó.
