La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitió dictamen sobre el caso del río Silala, el cual enfrenta desde 2016 a Chile y Bolivia por el uso de aguas del caudal. La demanda fue presentada el 6 de junio de 2016, cuando el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Chile de robar las aguas del río.
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En reacción, la expresidenta Michelle Bachelet acudió ante la CIJ para que se declare al Silala como un curso de agua internacional. Y si bien Bolivia concuerda en que el río es transfronterizo, realizó una contrademanda el 2018 aludiendo a que el caudal surge naturalmente de su territorio y que tiene un flujo desviado artificialmente durante la primera mitad del siglo XX, construido por una empresa de capitales británicos de ferrocarriles. Ubicado en la falda del Cerro Inacaliri, cabe señalar que el Silala es utilizado en Chile para uso principalmente industrial -minería y agricultura- y también consumo doméstico en la Región de Antofagasta.
Después de seis años, la CIJ entregó su verdecito sobre el caso este 1 de diciembre en Holanda, donde estuvieron presentes la agente de nuestro país ante La Haya, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, y la co-agente y exministra subrogante durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Carolina Valdivia.
De forma simultánea, la determinación fue monitoreada en La Moneda por la canciller Antonia Urrejola y el Presidente Gabriel Boric, junto a los presidentes de la Cámara de Diputados y el Congreso, y otros miembros del mundo político.
El dictamen
En términos generales, la resolución reconoció el caudal como “un curso de agua internacional” y avaló que ambos países tienen derecho a uso razonable y equitativo. Se desestimó el punto donde Chile acusaba a Bolivia de no dialogar respecto al río, así como también se rechazo que nuestro país deba pagar de manera retroactiva a la nación vecina.
La presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, leyó una versión abreviada del fallo, explicando que “en 1928 se erigieron canales y varias instalaciones en Bolivia. Chile arguye que esto se hizo por razones sanitarias, para impedir la reproducción de insectos y evitar la contaminación de agua potable.
Según Bolivia, la canalización tenía el objetivo de extraer agua artificialmente de los manantiales circundantes y humedales para mejorar el caudal, de superficie del Silala hacia Chile”.
Además, se estableció que nuestro país no ha presentado evidencia de que el país vecino haya causado daño al río.En relación a la contrademanda de Bolivia, la CIJ indicó que Chile no debe indemnizar a Bolivia por el uso de las aguas en el pasado y que podría tener que hacerlo a futuro si es que hay acuerdo. También resolvió que las acequias no alteran el flujo del río, por lo que no existen dos flujos, aunque remarco que estas pueden desinstalarse bajo consulta y cooperación entre las partes para evitar daño ambiental.
