El pasado 14 de abril de 2022, el gobierno del Presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia al ex Superintendente de Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza. De esta manera se inició un proceso que debiera terminar hoy con la elección de un nuevo Superintendente mediante Alta Dirección Pública.
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Dentro de los numerosos postulantes llegaron a la recta final tres nombres: la funcionaria pública de carrera Marie Claude Plumer, el abogado Emanuel Ibarra y el académico Eduardo Astorga. Los dos primeros corren con ventaja.
Marie Claude Plumer -la candidata de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas- es abogada de la Universidad de Chile y su formación profesional se ha construido en la administración pública y en la institucionalidad ambiental: fue abogada de la División Jurídica de la entonces CONAMA, además de fiscal y jefa de la División de Sanción y Cumplimiento SMA. En la actualidad se desempeña como jefa de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente.
Es catalogada como “dura” por mostrar una línea consistente con lograr que las empresas cumplan con la normativa ambiental, siendo protagonista en procedimientos que terminaron con las sanciones para Pascua Lama, Los Fiordos, Caserones, Candelaria y Bocamina.
A la vez, se le reconoce la creación de herramientas relevantes para la gestión y la certeza de los titulares, como las Bases Metodológicas para la determinación de Sanciones Ambientales del año 2017 –utilizada ampliamente por la administración y los tribunales—, y el instrumento de corrección temprana. Esta última permite que, frente a infracciones de menor entidad, no sea únicamente la sanción la forma de lograr que las empresas se ajusten a la normativa, permitiendo que no se inicia el proceso sancionatorio si es que la empresa subsana todos los hallazgos de la fiscalización.
Su punto gris sería un sumario que se origina en el primer caso fraccionamiento de la SMA en el año 2015 en contra de la inmobiliaria Batuco por la construcción de un proyecto inmobiliario al margen de la institucionalidad ambiental. Sin embargo, la situación sería diferente a lo especulado.
Según ha explicado Plumer, en su rol de jefa de la División de Sanción y Cumplimiento, instruyó un sancionatorio por fraccionamiento en un momento en que las inmobiliarias no eran revisadas por fraccionar sus proyectos y actuaban al margen de la normativa urbanística. En ese contexto se aprobó un programa de cumplimiento el que fue denunciado a la Contraloría, entidad que ordenó iniciar una investigación sumaria por estimar que la SMA había actuado al margen de sus competencias legales.
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Sin embargo, luego la misma Contraloría reconsideró la decisión dictaminando que efectivamente la SMA actuó dentro de sus facultades legales, objetando únicamente el retraso en responder. Considerando lo anterior se ordenó archivar el sumario.
Uno a la derecha
Para sorpresa de muchos, en la terna final también figura Emanuel Ibarra, actual Superintendente subrogante. El abogado de la PUC lleva 10 años en la institución y llegó a ocupar el rol de interino debido a su previo paso como fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
¿Cómo llegó a ese cargo? Según publica El Desconcierto y de acuerdo a los antecedentes de la causa llevada adelante ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago (rol T-304-2019), la postulación de Ibarra y su posterior elección fue mediada por la intervención del ex Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, reconocido abogado inmobiliario y consejero de Libertad y Desarrollo.
Ibarra es una persona de confianza del ex subsecretario del gobierno de Sebastian Piñera, por lo que este último habría tenido interés en que este ocupara un cargo directivo. Por ello, desde el Ministerio del Medio Ambiente, Riesco habría bloqueado la elección de Raimundo Pérez -quien había sido seleccionado por el Superintendente de ese entonces, Cristian Franz, luego de pasar todas las etapas del proceso de Alta Dirección Pública-.
Para ubicar a Ibarra como fiscal –que no había llegado a formar parte de la terna final, según consta en las declaraciones de la causa— Riesco habría solicitado la renuncia del ex Superintendente Franz y desvinculado a Pérez, a solo 36 días de haber sido seleccionado por Alta Dirección Pública.
Según se desprende de la sentencia del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago -que ordenó indemnizar a Raimundo Pérez por discriminación política- en la designación se pasó a llevar el procedimiento de elección del fiscal y, con ello, la independencia de la Superintendencia. Con ello se dejaron a disposición cargos claves para la Superintendencia, para designar a personas de confianza del gobierno de Piñera, destacando como principal Emanuel Ibarra.
La relación entre Ibarra y el ex Subsecretario Felipe Riesco habría traspasado su rol como autoridad, generando cuestionamientos por posibles conflictos de interés. Ello, dado que Ibarra, en su rol de fiscal, aprobó el programa de cumplimiento del proyecto inmobiliario Alto Maullín, el que, eludiendo su obligación de ingresar a evaluación ambiental, generó gran conmoción ciudadana por la afectación al ecosistema del río Maullín. El abogado del proyecto era el mismo Felipe Riesco.
Resalta en el desempeño de Ibarra la gran cantidad de lobbys recibidos durante su gestión con grandes estudios privados vinculados al gobierno de Sebastian Piñera. De hecho, en el sitio web www.infolobby.cl están registradas más de 300 audiencias, muy superior a los 130 lobbys realizados en periodos similares.
Quien completa la terna es el abogado de la PUC y doctor en derecho, Eduardo Astorga Jorquera, con un perfil más académico y experiencia en temas de industria, contaminación y residuos.
Aclaración
Tras la publicación la nota, la jefatura de Comunicaciones de la SMA, contactó a Publimetro y precisó:
“Se habla de que sería ‘uno de la derecha’ Al respecto, parece bastante curioso ese vínculo, porque nunca he militado en ningún partido político. Soy funcionario de la SMA hace 10 años y he ocupado diversos puestos de dirección en 4 gobiernos diferentes. He aprendido a trabajar con diversos equipos y diferentes personas a cargo, considerando mi perfil técnico y de carrera dentro del servicio”.
“En segundo lugar, para acreditar que soy ‘de derecha’, se levanta una relación de amistad con el ex Subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco. Sobre eso, solo indicar que aquella afirmación solo está sustentada en una demanda de tutela laboral (que se menciona en la nota), donde como teoría del caso para acreditar una supuesta “discriminación política”, se indica aquello. Al respecto, solo indicar que la publicación omite lo más relevante del caso. Ese juicio recientemente lo perdió el demandante. La Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó su demanda y negó una discriminación política asociada a esa “supuesta amistad” que se levanta. Para ello invito a revisar el fallo dictado en la causa rol 3448-2019″.
“Por otro lado, se menciona un supuesto actuar irregular en el caso Inmobiliaria Maullín, representada por el señor Felipe Riesco. Sin embargo, se omite que ese caso se levantó una formulación de cargos contra la empresa justo cuando ocupaba el cargo de Fiscal, instancia donde además me tocó tramitar la paralización del proyecto. No se entiende cuál sería el actuar irregular en ese contexto. Luego se aprobó un programa de cumplimiento con un criterio que siempre se usa en la SMA, que luego el Tribunal Ambiental no compartió. Actualmente, el proceso sigue su curso, como cualquier otro caso. No existe un trato preferencial, ni un criterio nuevo”.
“Finalmente, se levanta un dato de las reuniones de lobby para supuestamente levantar un trato preferencial sobre ciertas personas. Sobre eso, solo indicar que todas las autoridades por ley, debemos recibir sin ningún tipo de discriminación arbitraria a todas las personas que soliciten esas reuniones. En mi caso, he recibido a empresas, comunidades, personas naturales y jurídicas, ONGs de diverso tipo. Lo anterior me parece absolutamente necesario en el contexto en el que estamos, porque me ha permitido dialogar con todas/os y llegar a mejores acuerdos que se expresan en actos formales. Es imposible hacer gestión ambiental sin sentarse a conversar con las comunidades y titulares”.
