Medios peruanos e internacionales informan en este momento que el presidente de Perú, Pedro Castillo, decretó este miércoles disolver temporalmente el Congreso e instaurar un “Gobierno de emergencia nacional”, tal como consigna también el portal chileno de 24 horas.
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Esto ocurre horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) que podría haberlo sacado del poder, por lo que la oposición lo acusa de estar realizando un Golpe de Estado.
El mandatario apareció en cadena nacional e informó lo siguiente: “la nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, han logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional”.
Además, el presidente peruano agregó que: “Llevamos más de 16 meses de continua y obsecada campaña campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso desde el 29 de julio de 2021 desde que juramente el cargo de presidente de la república ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio”.
Ante esto, Castillo dijo que “en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia”, para lo cual adoptó las siguientes medidas:
- Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un “gobierno excepcional”.
- Convocar al más breve plazo elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
- Hasta que no se instale el nuevo Congreso, Perú se gobernará en base a decretos de ley.
- Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir de este miércoles 7 de diciembre a partir de las 22:00 horas, hasta las 04:00 del día siguiente.
- Se declara la reorganización del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
- Todos los que posean armamento ilegal deberán entregarlo a la policía en un plazo 72 horas. Quiénes no lo hagan quedarán privados de libertad en base al decreto de ley que publicarán.
