La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que declara como deficiente la gestión de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, denunciando que la comuna “ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad e insalubridad”.
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La iniciativa fue aprobada 74 votos a favor, 44 en contra y 16 abstenciones. Fue ingresada por los diputados de las bancadas de Renovación Nacional María Luis Cordero, Sofía Cid, Catalina del Real, Andrés Longton, Hugo Rey, Marcia Raphael y Juan Carlos Beltrán.
En el documento, los legisladores denuncian que “es innegable que durante los últimos meses el estado de la comuna ha alcanzado niveles inéditos en cuanto a inseguridad, insalubridad provocada por la negligencia en la mantención del aseo y ornato comunal, así como por los efectos del desbordado comercio informal”.
A ello suman “la compleja crisis que viven los establecimientos educacionales cuyo sostenedor es el municipio, muchos de ellos de tipo ‘emblemáticos’ como el Instituto Nacional, el Internado Nacional Diego Barros Arana, el Liceo de Aplicación o el Liceo 1 de Niñas”.
“La crisis es tan cruenta que muestra cómo lo que otrora fuera un verdadero ‘ascensor’ de movilidad social: la educación pública de excelencia, hoy es un lastre para padres y apoderados que deben inscribir a sus hijos en tales establecimientos y para la comunidad santiaguina toda que es objeto de los hechos delictivos e incivilidades que ocurren desde los colegios como protestas violentas, uso de artefactos incendiarios para quemar buses del transporte público o ataques a policías y recintos militares”, agregan.
Luego remarcan que “el paupérrimo estado de la comuna, que sin duda se gesta desde hace años y no puede atribuirse en particular a la actual administración comunal en su génesis, no ha sido abordado como es debido por esta”.
De esta manera, acusan que la administración de Hassler “ha dado pasos que parecen profundizar la crisis en la comuna y ‘reman contra corriente’ en cuanto a soluciones efectivas para estos problemas”.
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”Asimismo, se conoció la denuncia en relación con cómo la alcaldesa habría ejercido influencias y requerido no aplicar la normativa legal y reglamentaria disciplinaria al interior de los establecimientos educacionales, lo que será resuelto por la Contraloría General de la República hasta donde concurrieron de distintos parlamentarios y ex autoridades educativas de la comuna”, agregan.
Por ello, piden al Gobierno del Presidente Gabriel Boric “disponer de todas las medidas de colaboración con dicho municipio, habida consideración de incapacidad con que la administración comunal está enfrentando tales problemáticas”.
