El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, reconoció anoche en entrevista con el programa “Tolerancia Cero” que, de momento, Raúl Torrealba no ha podido ser formalizado por la justicia debido a que “la investigación” encabezada por el Ministerio Público “no ha avanzado lo suficiente como para formular cargos” en contra del exdil de Vitacura.
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Torrealba, a la fecha, es uno de los principales funcionarios públicos investigados por la Fiscalía Centro Norte, cuyo fiscal Francisco Jacir busca determinar la responsabilidad que le cabe al exmilitante de Renovación Nacional (RN) en los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos durante su prolongada gestión municipal (1996 a 2021).
Según explicó este domingo el abogado al panel liderado por el periodista Fernando Paulsen, en el caso particular de Torrealba, el trámite de formalización por los delitos imputados en su contra no ha podido realizarse debido a que “la investigación” del caso “no ha avanzado” lo suficiente como para que el exedil deba responder ante las pruebas presentadas por el municipio de Vitacura, cuya actual alcaldesa (Camila Merino, de Evópoli) se hizo parte en una denuncia por malversación de fondos fiscales, falsificación de instrumento privado, fraude y exacciones ilegales a las organizaciones que manejaban las corporaciones Vita, desde donde quien fuera jefe comunal por 25 años habría robado los dineros.
Falta de pruebas en la investigación
“Yo estaba esperando que preguntaran porqué no se ha ordenado la formalización del alcalde Torrealba”, inició el fiscal Valencia, quien ante la respuesta de Carolina Urrejola, que le inquirió por los motivos del retraso en el trámite judicial, afirmó que en el actual escenario procesal “no puedo hacerlo”.
“No tengo atribuciones. La única posibilidad que tendría sería que yo quitara, entre comillas, la causa. Asignármela y desde la asignación de la causa tramitarla”, explicó el Fiscal Nacional, quien ha optado por dejar en manos de los actuales fiscales de la instancia Metropolitana Centro Norte el curso de la investigación del caso.
De todos modos, Valencia afirmó que en dicho proceso a Torrealba aún no se le puede formalizar -pese a que incluso a prestado declaración por los cargos que se le imputan- porque “la investigación no ha avanzado lo suficiente como para formular cargos”.
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“En las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional han estado prestando apoyo a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte en esa investigación, el equipo del fiscal regional Javier Armendáriz está a cargo de esa causa, y entiendo que si ellos no han tomado una decisión de esa naturaleza, es porque la investigación no ha avanzado lo suficiente como para poder formular cargos”, señaló Valencia, quien justificó la medida en el tenor mismo de la materia que se investiga.
“No es lo mismo una investigación de un hecho grave, por ejemplo, como el homicidio de carabinero que usted tiene hechos bastante precisos y acotados, que una investigación de corrupción pública que tienen diligencias complejas, informes contables que son complejos, revisiones informáticas que son complejas. A veces hay que tratar de calmar la ansiedad y confiar en que los fiscales van a hacer esa petición cuando corresponda. Cuánto yo quisiera a veces, calmar mi ansiedad, pudiendo pedir esa atribución y poder tomar decisiones”, concluyó el abogado.
El origen de la denuncia a Raúl Torrealba
Cabe recordar que fue el municipio liderado por Merino quien denunció a Torrealba en junio de 2021 por malversación de fondos fiscales, falsificación de instrumento privado, fraude y exacciones ilegales a las organizaciones que manejaban las corporaciones Vita, desde donde quien fuera alcalde de la comuna por un cuarto de siglo habría robado los dineros.
Posteriormente, a fines de agosto de 2021, la administración de la actual alcaldesa de Evópoli se querelló contra quienes resultaran responsables de desviar fondos públicos hacia las cuentas personales de Torrealba, quien habría contado con la ayuda de su círculo de confianza e integrado por Renato Sepúlveda, Domingo Prieto, Antonia Larraín y los contadores Augusto Silva y Arnaldo Cañas, quienes habrían emitido una serie de boletas falsas para erogar los dineros municipales.
