Casi todas las indicaciones que se votaron en el primer día de plenos de la Comisión de Expertos se aprobaron por unanimidad y las que se rechazaron, lo mismo, excepto un par de temas donde hubo voces disidentes. Fueron de miembros designados por partidos de la derecha, en especial Carlos Frontaura, el único de Republicanos, sobre quien están puestos los ojos, pues su colectividad es mayoría en el próximo Consejo, que podría modificar lo aprobado por la actual instancia.
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Uno de esos temas fue el de la paridad, donde de todas maneras las opciones en contra de Frontaura y Marcela Peredo (PdG/Chile Vamos) no lograron revertir el articulado que ahora indica que el Estado “asegurará” y no “favorecerá”, como decía antes, el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos.
“Hay dos normas que no puedo concurrir a aprobar, porque me gustaba como estaban en el texto original, la que se refiere a la participación política de las mujeres y el reconocimiento de los pueblos indígenas”, dijo Frontaura en su única exposición.
Tampoco estaba de acuerdo, aunque no votó en contra, Bettina Horst (UDI), quien indicó que “asegurar es distinto a promover o fortalecer. He participado en organismos colegiados y fui incorporada por mérito, no soy la cuota. No hay ninguna democracia robusta en el mundo que la implemente así”.
En cambio, para Catalina Lagos (PS), “la paridad de género es un requisito democrático es una senda que como país empezamos a transitar” y para Magaly Fuenzalida (FRVS) “nuestra sociedad, aún con los avances de los últimos años, no refleja cabalmente la igualdad de derechos”.
Celebró el resultado la presidenta la Comisión, Verónica Undurraga (PPD), pero expuso también que “estoy contenta de que se haya aprobado la obligación del Estado de garantizar la igualación de hombres y mujeres y promover la igualdad es una norma que no ha existido nunca”. La cabeza de la instancia también dijo que para los pueblos originarios “nos hubiera gustado una norma habilitadora de representación, pero al menos la norma abre las puertas, es habilitadora para avanzar en ese sentido”.
Se aprobó que “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible”, aunque, como señalaba más arriba, tuvo la abstención de Frontaura, quien sí votó en favor de que “el Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país”.
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Horts, Frontaura y Máximo Pavez (UDI) se mostraron en contra, aunque se aprobó ampliamente, un nuevo artículo que “reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes y las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia”, y participaron con sus votos, junto al resto de representantes de la derecha, a bajar la indicación que proponía “reconocer el valor económico y social del trabajo de cuidado y doméstico no remunerado”.
Sobre este asunto, Undurraga indicó tras la sesión que “lo dejo como tarea para la ciudadanía, que se lo pida al Consejo Constitucional, donde voy a seguir insistiendo”.
El Estado social de derecho
El Estado Social de Derecho está en el inciso 2 del artículo 1 de la propuesta que arma la Comisión de Expertos, después únicamente de la dignidad humana. “Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Todos votaron a favor de la norma, aunque se discutió bastante cómo quedó escrita.
“Es satisfactorio que se apruebe, porque la consagración del Estado social de derecho es compatible con los derechos individuales, las personas necesitan seguridad de que sus necesidades vitales van a ser cubiertas”, dijo la presidenta de la Comisión, Verónica Undurraga (PPD). “Esta cláusula que trajimos desde Europa convive con la tradición constitucional chilena”, agregó el vicepresidente, Sebastián Soto (Evópoli).
Para Teodoro Ribera (RN), “creo que no estamos creando realmente un Estado social y democrático de derecho, más bien se trata de constitucionalizarlo y por ello darle un mandato a la autoridad para seguir implementando con mayor vigor el estado social y democrático de derecho que en mayor o menor medida se desarrolló en Chile en los últimos decenios sobre la base del crecimiento económico que ha tenido el país”.
Bettina Horst (RN) agregó que “hay 42 países que consagran un Estado social, países muy diversos en cuanto a su realidad económica, social y política, y de esos, 18 son regímenes autoritarios, hay casos donde un Estado social abrió la puerta a un monopolio estatal, como en Venezuela y Cuba. pero valoro este Estado social a la chilena”.
Alexis Cortés (PC), en tanto, era uno de los que prefería que “Chile ‘fuese’ y no ‘se organiza’ en un Estado social y democrático de derecho. Quiero otro Estado, donde los derechos no sean mercantilizados”. Al respecto, Máximo Pavez (UDI) explicaba que “nuestro país es mucho más que un Estado”.
A la vez, Flavio Quezada (PS) “el principio de responsabilidad fiscal no tiene la relevancia para estar en el primer artículo” y también, como Cortés, reclamaron por el art. 4 que indica que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, aunque sólo el representante comunista votó en contra.
Finalmente, Jaime Arancibia pidió a la mesa que se considerara la idea de una especie de Comisión de Estilo, para que vele por el correcto uso del lenguaje y la redacción de la Constitución.
