La diferente composición de la Comisión Experta, que refleja las fuerzas en el Congreso, y del Consejo Constitucional, con mayorías republicana y de la derecha, adelantan un futuro incierto para las normas que la primera instancia aprobó o rechazó, pero con posiciones contrarias de los representantes de la derecha. El derecho a la vida, a la salud o asuntos técnicos de representación podrían reabrirse, de acuerdo a analistas expertos.
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“La ley protege la vida del que está por nacer y la maternidad vulnerable”, decía una indicación propuesta por los 11 integrantes de la derecha, pero no fructificó. Eduardo Galaz, sociólogo e investigador del Centro Signos de la Universidad de los Andes, considera que “es probable que ese sea el punto más crítico, porque es el que toca de manera más intensa la identidad política del Partido Republicano”.
Más alĺá de que el tema abra la puerta a posibles cambios en la normativa sobre el aborto, Galaz cree que no se dio por un rechazo del sector contrario, sino que “en la vida política muchas cosas pasan por instancias de negociación. Si la derecha no daba sus votos para el proyecto de identidad de género, el mundo progresista no iba a dar los suyos para la para la defensa de la vida del que está por nacer”.
Pero no será lo único. Como ejemplo, el analista Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, indica que “el derecho a la salud, en especial la discusión sobre el derecho a elegir donde uno se atiende es probablemente una cuestión que quedó sin resolver. La derecha quería que quedara consagrado constitucionalmente y probablemente sea una de las cuestiones que vuelva a reponer el trabajo de los consejeros”.
Respecto de la paridad, Moreno no duda que “tampoco quedó totalmente despejado ese tema, porque quedó en el ámbito del sistema electoral y con la relación 60-40 y como un principio transitorio para los próximos dos procesos electorales”.
Los comisionados Carlos Frontaura, único republicano de la instancia, y Marcela Pereda (Chile Vamos/PdG) fueron los dos únicos e insuficientes votos en contra de “asegurar el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos y el Estado promoverá su participación en condiciones de igualdad, en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres”.
Para Galaz, de la UAndes, “puede haber otros puntos, como que se declare a Chile como un estado social y democrático de derecho, pero no me parece probable que por esa clase de cosas los republicanos vayan a, digamos, sabotear el proceso constitucional, porque un fracaso del proyecto sería un fracaso del mundo republicano”.
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Sobre ese posible fracaso, José Miguel Izquierdo, cientista político y director de Iman Comunicaciones, explica que “el Partido Republicano está tensionado porque debe decidir entre mantenerse como un partido fuertemente ideológico, o moverse hacia una posición más funcional a un proyecto de construcción de mayoría política y social que sea funcional a la candidatura presidencial de José Antonio Kast”.
Finalmente, Marco Moreno, de la U. Central, indica que tampoco dejaron contentos a los miembros de derecha “varios de los aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema electoral y de los partidos políticos, probablemente genere controversia en el Consejo”.
Estados de excepción, cotizaciones y PP.OO., también en la mira
Entre los temas que la derecha propuso y no se aprobaron y que podrían renacer en el Consejo están que “el Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales y los fondos que generen, garantizando la propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad de los mismos”.
O la enmienda que vigilaba que “las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley”.
Al revés, con posiciones en contra de la derecha se aprobaron artículos sobre “el reconocimiento a los pueblos indígenas como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (abstención de Frontaura) y “la ley podrá establecer mecanismos para promover la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional (tres votos en contra).
Lo mismo sobre “la declaración y renovación de los estados de excepción constitucional”, que “el Presidente de la República y el Congreso Nacional considerarán la proporcionalidad y necesidad y se limitarán, respecto de su duración, extensión y medios empleados, a lo que sea necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional” (contra de Frontaura y abstenciones de Hernán Larraín, Katherine Martorell, Marcela Peredo y Teodoro Ribera).
