La Comisión de Expertos presentó ayer los aspectos a los que alcanza la reorganización del Poder Judicial, en especial la creación de una gobernanza jurídica autónoma encargada de nombramientos, la facultad disciplinaria y materias administrativas, entre otras, con la idea que los magistrados se concentren en lo jurídico. Hoy, eso recae en la Corte Suprema y las de Apelaciones.
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Los órganos autónomos funcionarán separadamente y de forma coordinada bajo un Consejo Coordinador del Poder Judicial, de acuerdo al articulado que contó con 23 de los 24 votos. La experta Leslie Sánchez (PL) explicó que los jueces “hoy ven gestiones políticas y administrativas y nuestra labor fue construir una nueva gobernanza interna. La concentración de funciones es una mala práctica”.
Natalia González (UDI) destacó que “los jueces no podrán ejercer potestades de otros poderes públicos”, como parte del texto despachado con 23 votos a favor, pues Flavio Quezada (PS) se abstuvo en todo el capítulo, al que acusó de “desequilibrado, con una visión muy conservadora”.
No fructificó la idea de los 12 comisionados de derecha que proponían que, aunque se mantenía que “los fallos judiciales sólo tendrán efecto obligatorio sobre las causas en que se pronunciaren”, agregaba que “los jueces al sentenciar procurarán observar fallos análogos precedentes”, que abría la puerta a sistemas como el estadounidense, donde la jurisprudencia (casos anteriores) determinan nuevos fallos.
Las normas aprobadas también señalan que el “Estado de Chile es unitario y descentralizado” y que el territorio se divide en regiones y comunas, “cuyos gobiernos gozan de autonomía”, lo que “en ningún caso podrá afectar el carácter único e indivisible del Estado”. También crea un Consejo de Gobernadores y un Consejo de Alcaldes.
En estos capítulos se aprobó que “la ley establecerá mecanismos para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas especialmente en la regiones y comunas con presencia significativa de población pertenecientes a ellos”, con la única abstención de Carlos Frontaura (Rep.).
En tato, los cambios en el Tribunal Constitucional se aprobaron también ampliamente, aunque con algunas críticas de la derecha, lo que podría adelantar una revisión en el Consejo Constitucional. “Es un retroceso para la supremacía constitucional y para los derechos y libertades fundamentales”, señaló Natalia González (UDI) respecto de algunos aspectos.
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A la vez, hubo amplio apoyo a las nuevas normas sobre el Ministerio Público, donde se celebró que los nuevos fiscales nacionales sean elegidos por los tres quintos en el Parlamento, así como una Defensoría de las Víctimas que, de acuerdo a Catalina Lagos (PS), no debió estar en este capítulo.
Alexis Cortés (PC) observó a la vez que muchas de estas normas “no necesitan rango constitucional” y se preguntó “por qué no también una Defensoría de los Derechos Humanos, como en muchos otros países”.
Aparte, también se votó una nueva enmienda para declarar la inconstitucionalidad de los partidos políticos que promuevan la violencia, aprobada con la única abstención de Alexis Cortés (PC).
