Aceptar la propuesta que emane del Consejo Constitucional o rechazarlo, para mantener la Carta Magna de 1980, son las dos alternativas que contempla el Plebiscito de salida de diciembre, aunque de acuerdo a la idea de diputados de la bancada del Partido Socialista, podría sumarse una tercera: aprobar el texto que emanó de la Comisión de Expertos (ver secundaria). Los parlamentarios señalan que valoran que este último texto se escribió con amplios acuerdos, pero de paso dejaría sin valor lo que haga el siguiente eslabón, que estará liderado por miembros republicanos.
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Los congresistas PS aseguraron ayer que ingresarán un proyecto de reforma constitucional para modificar el proceso de elaboración de una nueva Carta Fundamental, que primero, busca que el Consejo que inicia sus labores el 7 de junio, en vez de cinco meses, tengan sólo dos para hacer su labor. De paso, el Plebiscito se adelantaría, bajo este formato, a septiembre.
Esto ya generó rechazo en Republicanos, aunque la segunda parte del proyecto, que el votante pueda elegir en esa misma papeleta el texto que emanó de la Comisión de Expertos, donde se ha hecho público un amplio acuerdo en la mayoría de los temas. Tres alternativas: apruebo el texto de la Comisión, apruebo la propuesta de la Comisión y rechazo.
El diputado Juan Santana (PS) explicó que “hemos visto con muy buenos ojos el trabajo que han estado realizando los expertos y que se ha expresado en una transversalidad que valoramos, que va desde los expertos del Partido Comunista a los expertos del Partido Republicano”.
El parlamentario asegura que la iniciativa surge porque el anteproyecto de los Expertos cuenta con una “transversalidad que no tenía precedentes en el proceso anterior y que no dista de diferencias por parte de ningún sector político. Esperamos que se pueda dar celeridad y entregar la posibilidad a los votantes a que puedan dirimir entre la opción de los expertos y el texto propuesto por el Consejo Constitucional”.
Su par Jaime Naranjo (PS) afirmó que el proceso “hay que terminarlo a la brevedad” y que “hay que disminuir las inseguridades e incertezas que hay hoy en el país”, además de destacar un menor costo para el país.
La idea fue presentada también por el diputado Tomás de Rementería (PS), pero luego se hizo un lado, coincidiendo con el escaso apoyo que hubo. De hecho, la presidenta de su partido, Paulina Vodanovic, señaló que “un proceso en curso, a juicio del Partido Socialista, no merece ser revisado ni cuestionado hoy. Vamos a seguir trabajando con los Expertos y el Consejo electo. Existe libertad de expresión y son libres de presentar proyectos, pero esta es la opinión del partido, no la apoyamos”.
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Esa tercera alternativa le quitaría bastante piso a la labor que haga el Consejo, donde Republicanos tiene la mayoría. El presidente de ese partido, Arturo Squella, reaccionó a la idea y declaró que “es natural que dirigentes políticos quieran captar la atención, que por estos días está más bien puesto en el trabajo que van a generar ese futuro Consejo Constitucional”.
“Están revelando que no quieren que esto funcione. Si ya cinco meses es un tiempo muy acotado, hablar de dos meses, no me parece”, expuso Squella.
Alberto Undurraga (DC) señaló que “me cuesta entender que socialistas, que son democráticos, hagan este tipo de propuesta, que es torcerle la mano a la ciudadanía”, mientras que Diego Schalper (RN) agregó que “es inaceptable que lo que se firmó no se respete sólo por un resultado adverso”.
Tricel: renuncia inadmisible
El Tribunal Calificador de Elecciones declaró inadmisible la baja del exrepublicano Aldo Sanhueza al Consejo Constitucional, pero debido a que aún no asume, pues sólo aborda “las renuncias presentadas por quienes se encuentran ejerciendo el cargo de consejero o consejera constitucional”, según indica el fallo.
Sanhueza dio un paso al costado luego de que se conociera una causa por abuso sexual, en la que aceptó una pena alternativa, pero de la que se declara inocente.
Candidata con antecedentes
Republicanos presentó a Ninoska Payauna (34 años), consejera de origen aymará por Tarapacá, como candidata a la presidencia del Consejo, quien fue detenida en 2007 luego de ser sorprendida hurtando desde una tienda Ripley un suéter de $10 mil, causa que terminó luego de que Fiscalía decidiera no perseverar.
“La propia candidata reconoció que había cometido un error hace más de 15 años y que estaba arrepentida de ello. Sería lamentable que algunos pretendan transformar una tontería de jóvenes, una chacota de dos niñas en una tienda, en un hecho político”, declararon desde el partido.
Comisión cierra labor
El último día de debates y votaciones se produjo ayer en la Comisión Experta del proceso constitucional. La estructura y funciones del Tricel y el Servel, de la Contraloría, del Banco Central, medioambiente y procedimientos de cambio constitucional fueron las normas de cierre, las que tuvieron, como se hizo costumbre, mayor parte de unanimidades, con contados desacuerdos.
El que se llevó buena parte de los intercambios fue la idea propuesta por los comisionados cercanos a la derecha de crear crear un Consejo Técnico Asesor, que no logró los votos para ser aprobado. El comisionado Domingo Lovera (RD) dijo que “un consejo perturbará y obstaculizará el ejercicio de atribuciones por parte del contralor y nos entregará una Contraloría más disminuida, ralentizará el trabajo, restándole dinamismo, oportunidad y flexibilidad”.
A favor estaba Hernán Larraín (UDI), quién afirmó que “la fórmula no debilitará ni entorpecerá al contralor, estamos frente a un consejo asesor consultivo y no resolutivo. Es un órgano técnico y no político”.
Sí se aprobó un cambio a los requisitos para ser contralor, más años de ejercicio de la profesión y tres quintos en el Senado para su aprobación, en el mismo tono del resto de las autoridades en esa misma instancia.
Respecto del Tribunal Calificador de Elecciones, se aprobó con voces en contra que también vea la cesación de cargos como congresistas y gobernadores y conocer de la expulsión de militantes de partidos políticos. A Alexis Cortés (PC) le preocupa que “los tribunales electorales regionales conozcan de las elecciones de carácter gremial, porque no sé la capacidad exacta de ver los órganos gremiales, que no sea una norma inaplicable por la carga de trabajo”.
El Servel tendrá como nuevas funciones hacerse cargo de las iniciativas populares de norma y la derogatoria.
En el cierre, una enmienda para que fuera “deber del Estado dar especial protección a los animales”, fue rechazada por los votos de la derecha, mientras que Alexis Cortés (PC) fue el único voto en contra del acordado procedimiento de cambio constitucional.
Con el articulado listo, ahora sólo basta que se armonicen los textos para que esté en condiciones de ser entregado al Consejo Constituyente, el 7 de junio.
