La ministra del Interior, Carolina Tohá, asistió ayer al Congreso en el marco de la discusión de la modificación legal para que se amplíe el plazo de detención de extranjeros para la materialización de las expulsiones administrativas, que pasó de 48 horas a cinco días, para que sea posible que se realicen todos los trámites necesarios. El asunto se aprobó por tranquila mayoría.
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La ocasión sirvió para que la jefa de cartera asumiera acusaciones que le estaban haciendo desde la oposición al Gobierno sobre el plan de empadronamiento que comentó el Presidente Boric en la Cuenta Pública, y que para los parlamentarios sería una forma de regularización de extranjeros indocumentados.
Así lo acusó en su alocución el diputado Arturo Longton (RN), quien aseguró que “hay una falta de voluntad del Gobierno, que buscaba más regularizar que controlar. Pero veamos hoy, el empadronamiento biométrico se está realizando de manera voluntaria, y me pregunto si alguien que sabe que tiene antecedentes penales, va a empadronarse. Detrás de esa política se esconde una regularización, eso no es controlar las fronteras”.
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Coincidió su par Renzo Trissoti (UDI), quien señaló que “ojalá el Gobierno le dé también urgencia al proyecto que se estaba discutiendo para acelerar y agilizar los trámites de expulsión, porque le quitaron urgencia. Y no vaya a ser que el empadronamiento biométrico no vaya a servir para un perdonazo”.
La ministra Tohá fue categórica en contestar que “el empadronamiento no es una vía de regularización, sino para obtener una identidad válida en Chile, incluso para expulsarlo, saber quién es”. Y luego explicó que el Ejecutivo no tiene en sus planes hacer procesos masivos de regularización, “pero sí, por ejemplo, personas que tienen trabajo, que no se les debe confundir con delincuentes, creo que merece ser regularizada, aunque eso será motivo de debate público”.
Otra idea a las que los parlamentarios pidieron más urgencia es la que “tipifica el delito de entrar ilegalmente al país”, como reclamó Luis Sánchez (Rep.). Ante esto, Tohá indicó que “el ingreso irregular era un delito antes de que promulgara esta nueva ley y en ese marco nunca entró más gente irregular al país, es decir, no sirvió en lo más mínimo. Y, además, eso obligaría a que la autoridad tenga que distraer toda su energía en vez de centrarse en personas que han cometido delitos, que es donde se debe focalizar”.
Sí Tohá manifestado acuerdo con la idea del diputado Johannes Kaiser (Rep.) sobre “criminalizar el reingreso de quienes hayan salido vía administrativa o judicial”.
A la vez, Johana Pérez (Ind.) propuso que se descentralicen los trámites de expulsiones.
Respecto del proyecto aprobado, los trámites incluyen el traslado a un cuartel, que puede estar a cientos de kilómetros, gestionar vuelos, traslados a aeropuertos, en ocasiones, una visa de tránsito.