El exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba llegó desde la calle, como cualquier ciudadano, al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, a escuchar los cargos que la Fiscalía puso sobre él por fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos. En los recesos salía también a los pasillos, y nunca huyó de la prensa.
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Por eso, tuvo tiempo de declararse ante los medios nuevamente como inocente, evitó calificar el juicio como persecución política y se preguntó “¿por qué después de todo el tiempo que estuvimos en la Municipalidad, nadie dijo nada y lo dicen ahora?”.
Eso, afuera. Porque dentro de la sala, el exedil y los otros cinco imputados tuvieron que escuchar de Xavier Armendáriz, de la Fiscalía Metropolitana Norte, detallar una lista de 29 delitos de fraude al fisco y asociación ilícita, a los que Torrealba sumó lavado de activos por $ 761 millones de pesos, y tributarios, por los dineros no declarados, por otros $ 72 millones. En total, hay $ 215 millones sólo en las cuentas corrientes del exalcalde y de su esposa que no han podido ser justificados.
De acuerdo al relato de Armendáriz, se utilizaron boletas falsas y desvío de dineros en efectivo desde las organizaciones Vita, los que eran retirados por los imputados y entregados en efectivo a Torrealba a través de siete mecanismos distintos.
El persecutor detalló que Torrealba era el “líder de la organización” y que “desde a lo menos el año 2011 hasta el 2021, los imputados, en el cumplimiento de sus funciones, se asociaron y organizaron para cometer de manera permanente, sistemática e indefinida, diversos delitos, mediante distintas modalidades” para “desviar fondos utilizados para obtener beneficios, principalmente en el caso del acusado Raúl Torrealba”.
De acuerdo a la Fiscalía, el total de cifras manejadas es de $2.966.216.000, que es el total de los recursos que la Municipalidad aprobó para los programas Vita, que generaron ganancias para Torrealba por $761.840.866.
El relato detalló el uso de palabras claves, como “informe” para referirse a $ 1 millón, “documento”, para dar el aviso de que el dinero había llegado, y la presencia de $ 7 millones en efectivo ocultos en un estuche en el domicilio del exedil.
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Pese a que duró buena parte del día, la relación del Ministerio Público no terminó. Para hoy quedaron pendientes dos cosas. Primero, se expondrán las declaraciones del mismo Torrealba ante los fiscales y “verán cuánto aportó a la investigación”, según adelantó Armendáriz. Y lo otro, los argumentos que tiene el grupo de persecutores para pedir a la jueza que dictamine la prisión preventiva de Raúl Torrealba.
Ese escenario es “exagerado” para el abogado defensor, Francisco Veloso. “Ustedes mismos (la prensa) están viendo que el exalcalde viene por su propios medios. Él ha comparecido voluntariamente cada vez que ha sido solicitado”, expuso el profesional.
Jueza saca al municipio de lista de querellantes
Toda la investigación sobre el exalcalde Raúl Torrealba nació tras la revisión de los números en la Municipalidad de Vitacura, que fue la primera querellante, en agosto de 2021. Ayer, la jueza María Herrera acogió una petición de la defensa y sacó al municipio de la lista, pues considera que como institución aún tiene responsabilidades que aclarar.
De acuerdo a Herrera, la presencia de la municipalidad como querellante no es necesaria, pues “a juicio de este Tribunal, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público resguardan suficientemente los intereses de la víctima, la Municipalidad de Vitacura como persona jurídica”.
Sin embargo, el motivo no sería únicamente ese, pues a esta declaración la magistrada agregó que “vale decir que funcionarios de la Municipalidad están siendo investigados. Entonces, tiene una calidad como persona jurídica de víctima, pero también de responsabilidad administrativa respecto de los hechos que se han anunciado. Por ende, la Municipalidad de Vitacura carece de legitimación activa para continuar en el proceso en calidad de querellante”.
En tanto, Herrera acogió la petición de los fiscales, que solicitaron diferentes medidas cautelares contra los otros cinco acusados por el caso, que quedaron con firma mensual, arraigo nacional y reclusión domiciliaria nocturna.
No fue parte de la jornada la arista que podría abrirse, luego de que tras la citación del contralor general, Jorge Bermúdez, al Congreso, se conociera que parte del dinero defraudado por Raúl Torrealba habría llegado a campañas políticas.
